La Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife (AVAMTE) ha obtenido una resolución favorable del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, que obliga al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a entregar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, toda la información relativa al cierre, gestión y reapertura del mercado de venta ambulante en el municipio.
La reclamación, presentada el pasado mes de febrero por el presidente en funciones de AVAMTE, Antonio Tejeda Encinas, se fundamentaba en el silencio administrativo incurrido por el Ayuntamiento, que incumplió de forma flagrante el plazo legal de 30 días hábiles para responder a la solicitud, registrada formalmente el 6 de diciembre de 2024.
El Comisionado no solo ha estimado íntegramente la reclamación, sino que en su resolución (expediente R225/2025) ha subrayado la ausencia total de colaboración por parte del Ayuntamiento durante la tramitación del expediente, recordando que esta actitud puede derivar en responsabilidades sancionadoras, conforme a la Ley 12/2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias (Sanción por muy graves previstas en la LTAIP)
La información solicitada incluye documentos clave sobre el cierre del mercado ambulante en julio de 2023, los criterios para su reapertura selectiva sin concurrencia pública, y la relación del Ayuntamiento con una asociación concreta –“Icod Feriado”– que podría estar beneficiándose de privilegios opacos, según denuncia la entidad recurrente.
“El silencio no puede ser la estrategia del poder municipal frente a la ciudadanía organizada. Exigimos transparencia y garantías para todos los vendedores, no arreglos por la puerta de atrás”, ha declarado Antonio Tejeda, quien también es jurista y experto en derecho público»
AVAMTE exige ahora que el Ayuntamiento cumpla con la resolución del Comisionado sin más dilaciones ni evasivas, y advierte que, de persistir el incumplimiento, solicitará formalmente el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, así como el traslado de los hechos a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Asimismo, en función del contenido de los documentos requeridos AVAMTE valorará si concurren indicios de irregularidades administrativas graves con posible relevancia penal, lo que –de confirmarse– podría derivar en acciones ante instancias judiciales competentes. Nada dañaría más la imagen del municipio que convertir un problema de transparencia en un escándalo institucional evitable con los focos puestos en nuestro querido municipio.
