La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) defendió en el pleno celebrado ayer lunes en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, una posición matizada respecto al nuevo impuesto sobre carburantes, conocido como céntimo verde, promovido por el Cabildo de Tenerife.
La formación, a través de su portavoz y primer teniente de alcalde, David Hernández, planteó que el gravamen no recaiga sobre la población residente, sino únicamente sobre los vehículos de alquiler (rent a car) y el transporte turístico. La propuesta fue aprobada como enmienda con el objetivo de instar a la corporación insular a diseñar una fórmula que garantice este enfoque.
David Hernández explicó que “este impuesto sobre los carburantes castiga a la población local, afectando con mayor dureza a las rentas más bajas. Tenerife sigue sin un Plan de Movilidad Sostenible ni un transporte público eficaz que ofrezca alternativas reales al coche privado. En vez de mejorar estas carencias, se traslada el peso de la sostenibilidad a los bolsillos de las familias”, advirtió Hernández.
ACP subraya que comparte la recomendación del grupo de expertos del Consejo Canario de Cambio Climático, que aboga por asegurar financiación estable para reforzar la prevención de incendios, restaurar zonas degradadas, cuidar los casi 1.000 kilómetros cuadrados de espacios naturales y mantener el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, Hernández insistió en que “cualquier recargo sobre los carburantes no puede ni debe recaer sobre la población residente, que ya afronta graves dificultades derivadas de la movilidad insular, el coste de la vida y la insuficiencia del transporte público”.
La formación considera que el recargo debe aplicarse, en primera instancia, a aquellas actividades que generan mayor presión sobre el territorio y los recursos, particularmente el sector turístico. Además, plantea que se revise la cuantía de la tasa, recordando que Canarias cuenta con los carburantes más baratos de España, lo que abre un margen de recargo más amplio que el de un céntimo.