La Asociación EDUCAM ha lanzado una alerta contundente: Canarias está retrocediendo décadas en sus políticas activas de empleo. De los 85 PFAE aprobados para 2025, apenas una veintena ha podido ponerse en marcha; el resto permanece bloqueado ante la imposibilidad de los ayuntamientos de contratar al personal técnico bajo la nueva normativa. El bloqueo afecta directamente a más de 960 alumnos/as-trabajadores/as y en alrededor de 320 profesionales cuyos puestos dependen de estos proyectos.
Aunque el problema tiene fecha y origen, el 1 de enero, cuando la Ley 3/2023 de Empleo eliminó los contratos temporales específicos utilizados durante años en los PFAE, la reforma había sido anunciada por lo que las instituciones afectadas -principalmente los ayuntamientos de las islas- eran conocedores de que la reforma les obligaría a usar fórmulas de contratación ordinaria. Sin embargo, ni los ayuntamientos ni el Servicio Canario de Empleo fueron capaces de alcanzar un consenso ni de adaptar sus procedimientos en tiempo y forma. Como resultado, solo algunas fundaciones, entidades y unos pocos ayuntamientos han logrado poner en marcha sus proyectos, mientras que muchos otros se han quedado a las puertas e incluso algunos han tenido que devolver subvenciones ya concedidas.
El impacto económico es igualmente crítico. En 2024, Canarias destinó entre 53-54 millones de euros a los PFAE, sumando las modalidades ordinaria y de Garantía Juvenil. Sin embargo, para 2025 la inversión apenas supera los 25 millones, debido a la ausencia de la convocatoria de Garantía Juvenil. Esta falta de convocatoria deja fuera del sistema a miles de jóvenes y supone la pérdida de más de 23 millones de euros respecto al año anterior.
Cada proyecto paralizado implica, además, la pérdida directa de 369.171 euros en financiación pública. Y el aviso del Servicio Canario de Empleo es claro: los proyectos que no inicien antes del 31 de diciembre perderán la subvención de forma irreversible. “No es una sanción; es la desaparición de recursos esenciales para empleo, formación y desarrollo local”, advierte EDUCAM.
Más allá de las cifras, la asociación subraya el daño social: once meses de empleo y formación reglada quedan en suspenso para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Se interrumpen certificados profesionales, se rompen itinerarios formativos y se amplía la brecha territorial entre municipios que han podido adaptarse y municipios que no.
El Servicio Canario de Empleo ha señalado varias fórmulas legales para desbloquear la situación. Entre ellas, la contratación indefinida o fija-discontinua como soluciones estables, y la utilización urgente del nombramiento de funcionario interino para programa temporal, recogido en el artículo 10 del TREBEP, como vía inmediata para los ayuntamientos. También contempla el contrato por circunstancias de la producción y, solo en casos puntuales, la contratación de especialistas docentes bajo el artículo 310 de la Ley de Contratos del Sector Público. EDUCAM recuerda que las nuevas listas de empleo deben respetar el principio de mérito, evitando que la experiencia pese más del 50 %.
“La situación es insostenible. Canarias no puede permitirse perder más de 60 proyectos de empleo ni dejar en el aire el futuro de más de 1.280 personas”, señala la asociación. “No se trata solo de salvar una convocatoria; está en juego la credibilidad de las políticas activas de empleo en el archipiélago”.
EDUCAM exige a los ayuntamientos y al Servicio Canario de Empleo una coordinación inmediata que permita activar las vías legales disponibles, recuperar la convocatoria PFAE–Garantía Juvenil 2025 y garantizar el arranque de la convocatoria ordinaria del próximo año. El tiempo juega en contra de los proyectos, de los municipios y, especialmente, de las personas que más necesitan una oportunidad.
