El Lago Martiánez acogió ayer el encuentro “Transitando fronteras desde los derechos humanos: menores migrantes”, donde el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, aseguró que “los sistemas autonómicos de protección están infrafinanciados”
Puerto de la Cruz sitúa a Canarias en el centro del debate público sobre los derechos humanos de la infancia migrante. Y lo hizo ayer martes en el Lago Martiánez con motivo del encuentro “Transitando fronteras desde los derechos humanos: menores migrantes”, una jornada impulsada por el área de Participación, que dirige el edil David Hernández, y que reunió a representantes de distintas administraciones, profesionales del ámbito jurídico y social y ciudadanía, con el objetivo de analizar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de los derechos humanos y reforzar la coordinación institucional en la atención a los menores migrantes.
El encuentro, enmarcado en la Semana de las Migraciones que desarrolla el área, evidenció una realidad compartida por quienes trabajan sobre el terreno: la migración infantil no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, y exige respuestas estables, coordinadas y con liderazgo estatal. Canarias, como frontera sur de Europa, vuelve a estar en primera línea de una cuestión que interpela al conjunto del país.
En este sentido, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, subrayó la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones. “Ha quedado de manifiesto la intención de que todas las administraciones implicadas en proteger a la infancia tenemos que coordinarnos aún más. Desde Canarias venimos diciendo desde hace tiempo que estamos solos en la atención a la infancia y juventud migrante no acompañada”, afirmó.
Rodríguez insistió en que no basta exclusivamente con la solidaridad: “Tiene que ser de una manera más contundente y liderada por el Estado. La infancia migrante debe ser atendida desde una óptica estatal, porque es una realidad estructural que afecta a todo el territorio”. A su juicio, el sistema de protección a la infancia en España “está en jaque” y necesita “una reforma profunda” que permita atender tanto a menores nacionales como a aquellos que llegan en contextos migratorios especialmente vulnerables.
La mirada jurídica fue uno de los ejes centrales de la jornada. El letrado del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y experto en Derecho de Extranjería y Derechos Humanos, Roberto García, reclamó una presencia efectiva de la abogacía desde el primer momento. “La abogacía exige estar presente en los procedimientos de determinación de la edad, que son fundamentales para garantizar los derechos de los menores”, señaló. García alertó de que muchos niños y niñas “van a Fiscalía sin saber a dónde van ni por qué”, y defendió que “el menor quiere saber qué está ocurriendo y tiene que estar asesorado”. Incluso fue más allá al plantear que la asistencia letrada debería comenzar “en el mismo momento en el que llega la patera y se inscribe a los menores”, ya que “tienen otras posibilidades de regularización que deben conocer”.
El carácter participativo del encuentro permitió también la interacción del público, enriqueciendo un debate que no se quedó en el plano teórico. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y moderador de la jornada, David Hernández, destacó el papel que está asumiendo el municipio en esta materia.
“Puerto de la Cruz se ha convertido en el centro de las políticas públicas en derechos de los menores. Con estas primeras jornadas y con el trabajo desarrollado en los últimos años en defensa de los derechos de las personas migrantes, nos hemos consolidado como un municipio de referencia; durante el debate se reconoció, por parte de Canarias y el Estado, que existe un amplio margen de mejora en cuanto a las actuaciones y la coordinación”, afirmó.
El cierre institucional corrió a cargo del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien lanzó un mensaje claro sobre las prioridades presupuestarias y políticas. “La protección de la infancia no puede ser secundaria a cualquier otra competencia”, señaló, denunciando que los sistemas autonómicos de protección están infrafinanciados. “No se puede dedicar menos del 0,1% del presupuesto anual a la protección de la infancia. Hablar de infancia es hablar de responsabilidad pública”, concluyó.
Con este encuentro, Puerto de la Cruz reforzó su papel como espacio de reflexión y acción en defensa de los derechos humanos de los menores migrantes, una cuestión que interpela a Canarias, a España y al conjunto de Europa.
