Artículo de opinión de Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO
Seguimos igual, que significa peor. No hay manera que la tramitación de licencias se gestione con la rapidez que requiere la urgencia habitacional que padecemos. La parálisis, enfermedad crónica de una Función Pública inservible y frustrante, junto a políticos invalidados por su inoperancia gestora, se ha convertido en uno de los mayores frenos al derecho a la vivienda y a la dignidad tanto personal como familiar. No es un problema técnico concreto, ni una cuestión menor de trámites, es una irresponsabilidad política y administrativa gangrenada, que está causando un daño profundo, sostenido y perfectamente evitable, tanto a los empresarios como a miles de ciudadanos, que no pueden acceder a una vivienda apropiada a sus necesidades humanas o recursos económicos.
Los retrasos injustificables en la concesión de licencias de obras mayores son una práctica habitual en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Expedientes que deberían resolverse en meses se enquistan como un cáncer durante años e incluso décadas, atrapados en una madeja burocrática que nadie parece tener interés alguno en desatar. Los políticos miran hacia otro lado como si no fuera con ellos, sólo les interesa las fiestas, procesiones o cualquier otro acto público o institucional para sacarse una foto o video y después subirlos, ufanos, a sus redes sociales, para aplacar su vanidad. Los funcionarios, como siempre, refugiados en su inercia acostumbrada, empoderamiento injustificado, miedo a firmar o la comodidad de no decidir. Si no asumen sus funciones reglamentarias de forma ordinaria que se vayan o se les releve inmediatamente. En todos los ayuntamientos debería establecerse normativamente la obligación de escuchar, reiteradamente por megafonía, durante toda la jornada laboral, una audición recordándoles que tienen que producir, a lo mejor también sería acertado ponerla en las cafeterías que se encuentran enfrente de los consistorios o comercios cercanos, donde, algunos o algunas, eso sí muchos, pasan más tiempo del que deberían.
Las consecuencias son devastadoras. Para los empresarios, estos retrasos suponen un peligro a la viabilidad de sus proyectos, inversiones millonarias que se quedan bloqueadas, costes financieros disparados y una inseguridad jurídica que se convierte en norma. Promotores que cumplen con la normativa y apuestan por generar empleo, vivienda y riqueza social se ven castigados por una Administración lenta y opaca. No se paralizan solo obras, se obstaculiza la propia viabilidad de las empresas, destruyendo oportunidades y perdiendo competitividad.
El daño verdadero cae sobre los ciudadanos, las verdaderas víctimas finales de este colapso político-administrativo. Cada licencia que se retrasa es una vivienda menos en el mercado. Cada promoción atascada agrava el desequilibrio entre oferta y demanda. El resultado es evidente, escasez de viviendas, precios altos y alquileres inasumibles para una parte creciente de la población.
Especialmente repulsiva es la hipocresía de muchos responsables políticos, demasiados, que se hinchan con anuncios y titulares hablando de emergencia habitacional, prometiendo hasta lo imposible, porque lo posible son incapaces de ejecutar, mientras son cómplices culpables de estructuras administrativas incapaces de dar respuesta a esta necesidad primaria. Se aprueban planes urbanísticos que luego no se ejecutan, se anuncian soluciones que nunca llegan y se señalan culpables externos para ocultar una realidad incómoda, a saber, que son ellos mismos y la propia Administración Pública los directos responsables y parte central del problema.
La falta de medios ya no sirve como excusa. Tampoco la complejidad normativa. Lo que existe es una alarmante falta de valentía política para reformar procedimientos, reforzar servicios técnicos, estableciendo plazos reales y exigiendo responsabilidades. Nadie responde por los retrasos, ni se rinden cuentas por los expedientes atrapados en la telaraña de la incompetencia de los inútiles.
