El Grupo Socialista registra en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley para acabar con el conflicto de más de 70.000 residentes en zonas turísticas a través de una reforma que proteja el uso residencial y ponga fin a las sanciones a propietarios. La iniciativa modifica las leyes de Renovación y Modernización Turística y de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para reforzar la seguridad jurídica, reducir la conflictividad y permitir la convivencia de ambos usos cuando el planeamiento urbanístico lo autorice
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de resolver el conflicto que afecta a más de 70.000 residentes en zonas turísticas del Archipiélago, reforzar la seguridad jurídica y poner fin a los procedimientos sancionadores que durante años han recaído sobre propietarios que residen legalmente en sus viviendas.
La iniciativa ha sido presentada hoy martes por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, y el portavoz de Empleo, Gustavo Santana, quienes acusaron al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de haber agravado un problema que “ya no admite más vueltas” mediante una interpretación rígida del principio de unidad de explotación y la aprobación del Decreto-ley 2/2025, una norma que la propuesta socialista plantea derogar de forma expresa.
Franquis aseguró que la reforma “va al corazón de un problema que el Gobierno ha querido ocultar durante demasiado tiempo”, al considerar que la aplicación de la legislación turística ha generado una profunda inseguridad jurídica, ha castigado a pequeños propietarios y ha alimentado un conflicto social que afecta a miles de familias en Canarias.
El portavoz socialista denunció que una norma concebida para ordenar la actividad turística ha terminado utilizándose “como un instrumento para expulsar a propietarios de sus viviendas, bloquear usos residenciales legítimos e imponer una lógica rígida que no responde a la realidad de nuestros complejos, villas y bungalows. Eso no es gobernar con sensatez; eso es legislar de espaldas a la gente”, afirmó.
En este sentido, defendió que la Proposición de Ley pone fin a esa interpretación que calificó de abusiva y recupera un principio básico: “La ley tiene que servir a las personas, no a las sanciones automáticas ni a los intereses de unos pocos operadores”.
Por este motivo, subrayó que “no se puede seguir tratando igual a un gran grupo turístico que a una familia que tiene una vivienda en un complejo y quiere conservarla como residencia o darle un uso individual legítimo”.
Apoyo de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística
Desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística defienden la Proposición de Ley socialista, al considerar que tiene como objetivo aportar la seguridad jurídica que merecen los propietarios afectados, aclarando definitivamente que los usos residenciales existentes son plenamente legales. “Las familias adquirieron sus viviendas libres de cargas y sin limitación alguna de uso, en un momento en el que no existía una especialización del suelo que impidiera el uso residencial”.
Usos residenciales compatibles
La iniciativa socialista reconoce como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico, otorgándoles una situación legal de consolidación.
Además, redefine conceptos esenciales como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa para adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros, y eliminar buena parte de la inseguridad jurídica existente.
Paliar el déficit de vivienda en Canarias
Los socialistas consideran que esta modificación también contribuirá a paliar el déficit de vivienda en Canarias, al evitar la desaparición de miles de viviendas utilizadas como residencia habitual y facilitar que edificaciones situadas en zonas turísticas puedan incorporarse al parque residencial cuando el planeamiento urbanístico lo permita.
En esta línea, Gustavo Santana afirmó que la propuesta constituye también una respuesta a la emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago. “Mientras el Gobierno habla de vivienda, mantiene normas que pueden expulsar del mercado residencial miles de viviendas donde viven familias desde hace décadas. Esa contradicción hay que corregirla con valentía y seguridad jurídica”.
Revisión de los procedimientos sancionadores
Otro de los ejes fundamentales de la Proposición de Ley es la revisión de los procedimientos sancionadores abiertos durante los últimos años. La iniciativa establece que dejarán de iniciarse expedientes contra propietarios cuando el planeamiento permita el uso residencial; se archivarán aquellos que todavía no sean firmes; la Administración reconocerá las pretensiones de quienes mantienen recursos judiciales abiertos y quedarán extinguidas las sanciones pendientes de pago.
Para Franquis, mantener estos procedimientos carece de sentido cuando la propia base jurídica que los sustenta está siendo cuestionada por los tribunales. “Cuando una norma acaba convirtiendo en infractores a quienes solo intentan defender su casa o su patrimonio, el problema no es del ciudadano: el problema es de la norma”, afirmó.
A su juicio, “cuando una administración sanciona sobre una base discutida y luego los tribunales empiezan a corregir esas decisiones, tenemos la obligación política de intervenir”.
El portavoz socialista insistió en que la reforma “no va contra el turismo”, sino que apuesta por un modelo turístico “ordenado, sostenible y compatible con la vida real de las islas”. “Un modelo turístico fuerte no es el que más prohíbe; es el que mejor convive con la vivienda, con el territorio y con el derecho a residir en las zonas donde siempre han vivido miles de canarios”, defendió.
Los diputados socialistas hicieron un llamamiento al resto de fuerzas políticas para respaldar una iniciativa que, según destacó Franquis, permite compatibilizar el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda, aporta estabilidad jurídica y responde a una demanda histórica de miles de residentes.
“La regulación turística debe ser sostenible, pero también justa; debe ordenar, pero no expulsar; debe garantizar calidad, pero no convertir en infractores a los propietarios individuales. Esa es la reforma sensata y equilibrada que hoy proponemos para resolver un problema que el Gobierno ha sido incapaz de solucionar”.
