El Cabildo, la Policía Local de Puerto de la Cruz y el Seprona investigan si la mezcla, compuesta por un 25% de cloruro férrico y un 75% de agua, acabó en el mar, extremo que la empresa que gestiona la planta niega mientras apunta a un posible sabotaje
La depuradora de aguas residuales de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, sufrió este sábado un derrame de cloruro férrico. En total salieron de los contenedores de este producto tóxico situados en la estación comarcal alrededor de 1.000 litros de una disolución compuesta por un 25% de cloruro férrico y un 75% de agua, según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife y Aqualia. La incidencia se originó por la rotura de una conducción de apenas un centímetro de diámetro en las instalaciones del tratamiento terciario.
El cloruro férrico es una sustancia tóxica y corrosiva utilizada habitualmente en la depuración para favorecer la agrupación de partículas en suspensión y facilitar su eliminación. En Punta Brava se emplea en la microfiltración del agua ya depurada antes de su regeneración para el riego.
Ahora se investiga qué ocurrió con el líquido y, especialmente, si acabó en el mar a través de la red de recogida de aguas pluviales. La Policía Local de Puerto de la Cruz acudió a la depuradora el sábado por la noche, inspeccionó la zona y tomó muestras, mientras que agentes del Seprona de la Guardia Civil se personaron este domingo por la mañana para investigar los hechos. Aqualia niega que el derrame saliera del recinto, según los análisis preliminares, y un portavoz de la compañía informa además de que el incidente se investiga como un posible sabotaje.
El Cabildo de Tenerife, titular de la depuradora, ha abierto un expediente de investigación a esta empresa, responsable de la instalación. La Corporación asegura que, a través del Consejo Insular de Aguas, «va a llegar hasta el final para esclarecer lo sucedido» y ha exigido a la compañía que aclare de manera inmediata las causas de la salida del producto, las medidas adoptadas y, especialmente, si se aplicó adecuadamente el protocolo previsto. También le reclama explicaciones sobre la presencia de personas ajenas dentro de las instalaciones.
La institución insular recalca que este tipo de infraestructuras deben funcionar con «estricto cumplimiento de los protocolos establecidos», que tienen que ser conocidos y aplicados por la empresa especializada encargada de su gestión. El Consejo Insular de Aguas está recabando toda la información para determinar las circunstancias exactas de la incidencia y establecer, en su caso, medidas correctoras y preventivas que impidan que vuelva a producirse.
Según la versión oficial del Cabildo, la avería se produjo en una conducción de 10 milímetros, apenas un centímetro, y el volumen derramado fue inferior a 1.000 litros. El producto «se limpió con abundante agua», al tiempo que se activaron las medidas correspondientes para su control y recogida. La intensa coloración que dejó a su paso se debe a su elevado contenido en hierro.
Aqualia reconoce el derrame y que la zona fue posteriormente baldeada con agua, pero rechaza que el producto saliera de la depuradora. «Ha sido un derrame que no ha salido del recinto según los primeros análisis recabados en la planta depuradora», sostiene el portavoz de la compañía.
Según su explicación, el problema se produjo en la bomba de aspiración que dosifica el cloruro férrico. Este producto se incorpora al tratamiento para favorecer la floculación, un proceso mediante el cual las pequeñas partículas presentes en el agua se agrupan para facilitar posteriormente su separación. En cuanto se detectó la salida, sostiene Aqualia, se reparó la avería y se baldeó la superficie afectada.
La empresa pone especialmente el foco en las circunstancias que rodearon la rotura. La conducción había sido reparada ese mismo sábado y los trabajos terminaron, según Aqualia, a las 11.30 de la mañana. La compañía asegura que dispone de fotografías que muestran cómo quedó la instalación tras esa intervención y considera llamativo que apenas unas horas después volviera a romperse precisamente en ese punto.
A ello suma la presencia posterior de una persona que, siempre según la versión de la empresa gestora de la instalación, entró sin autorización en el recinto, grabó imágenes y se dirigió directamente hacia el lugar de la avería. La empresa considera «muy extraño» que, dentro de unas instalaciones de grandes dimensiones, localizara el punto exacto donde se había producido el derrame. La sucesión de estos hechos lleva a la compañía a estudiar la hipótesis de un posible sabotaje, aunque por el momento se trata únicamente de una sospecha.
El propio Cabildo ha incluido este extremo entre las cuestiones que quiere esclarecer. Aqualia es, de acuerdo con el contrato, la responsable de la operación y mantenimiento de la depuradora y del vertido, así como de las instalaciones del tratamiento terciario destinadas a regenerar el agua depurada para su utilización en el riego.
La versión de Stop Vertidos al Mar, plataforma formada por vecinos y comerciantes afectados por los vertidos de aguas residuales a esta parte de la costa portuense, sobre el destino del producto es completamente diferente. El colectivo sostiene que parte o la totalidad de la mezcla habría sido arrastrada durante las labores de limpieza hacia los sumideros y entró en la red de recogida de aguas pluviales, desde donde habría terminado directamente en el mar. Los denunciantes aseguran que hay vídeos grabados durante la noche del sábado en los que se observa el líquido discurriendo por el recinto y hacia las alcantarillas.
El colectivo califica lo ocurrido como un «grave episodio de contaminación». Juan Rumeu, presidente de los consultores medioambientales de Tenerife, asegura que existen pruebas gráficas: «Hay un derrame. Está probado. Hay fotos e incluso de la alcantarilla por la que se está evacuando». También pone el foco en la actuación posterior: «Hay que ver si se ha cumplido o no el protocolo, pero teóricamente no se puede verter directamente al mar».
La entrada del líquido en los sumideros, que está por confirmar, adquiere especial importancia por las características del producto. Ante un derrame de cloruro férrico, una de las principales precauciones consiste en impedir que alcance desagües, conducciones o masas de agua, contenerlo y proceder a su recogida. De ahí que una de las cuestiones que deberán aclararse sea cuál fue el destino del agua utilizada durante el baldeo.
El episodio se produce en un momento de gran preocupación social en Tenerife por los vertidos contaminantes al mar y las deficiencias que todavía arrastra la Isla en el saneamiento y la depuración de las aguas residuales. Y ocurre precisamente en uno de los lugares donde esos problemas se han hecho más visibles durante los últimos años.
La estación está situada prácticamente junto a Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz. Los problemas de contaminación fecal han provocado su cierre en tres ocasiones desde el verano de 2024. La más grave mantuvo clausurada la playa durante 349 días entre 2024 y 2025 y, después de su reapertura, este año se han producido otras dos prohibiciones temporales del baño por problemas en la calidad del agua.
La planta fue construida a principios de los años noventa para tratar las aguas residuales de Puerto de la Cruz y posteriormente incorporó caudales procedentes de La Orotava, Los Realejos y parte de Santa Úrsula. Un informe ambiental del Consejo Insular de Aguas de 2022 advertía de que la estación «carece de la capacidad para dar cumplimiento a los requisitos» de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. El documento la situaba en el «tramo final de su vida útil» y señalaba las dificultades para tratar entre 6.500 y 7.000 metros cúbicos diarios.
Los problemas de calidad de las aguas costeras tampoco se limitan a Puerto de la Cruz. Durante este verano y el comienzo del otoño se han sucedido cierres de zonas de baño en distintos municipios de Tenerife. Aunque cada episodio responde a circunstancias diferentes, la acumulación de prohibiciones ha aumentado la sensibilidad social ante los vertidos y las carencias históricas de las infraestructuras de saneamiento y depuración.
El Cabildo ha comenzado ya las actuaciones para construir una nueva depuradora de Punta Brava en los mismos terrenos. La primera fase supone una inversión de unos 21 millones de euros y un plazo aproximado de dos años. Una segunda deberá completar el complejo hasta alcanzar una capacidad cercana a los 20.000 metros cúbicos diarios.
Fuente: El Día (Daniel Millet)
