La nueva normativa tiene con fin adaptarse a la realidad normativa y social relativa a los derechos y protección de las personas menores y adolescentes
El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración el Proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia y se solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el mismo.
Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la nueva ley Canaria de Infancia y Adolescencia busca dar respuesta a la necesidad de adecuar al actual marco normativo autonómico a las nuevas necesidades y riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia, “estableciendo un marco legal adaptado a la realidad social actual con el fin de garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia en un mundo marcado por las profundas y continuas transformaciones sociales que caracterizan el devenir constante de este siglo”.
Entre los objetivos perseguidos por el proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, se encuentran incluir por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en algunos casos adaptando los ya existentes, así como se redefinen como principios rectores de la protección de las personas menores de edad a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección en situaciones de riesgo y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela, ya que estos principios son esenciales para garantizar un enfoque integral y efectivo en la atención a la infancia, abarcando desde la prevención hasta la intervención en situaciones de desamparo.
De esta manera, se busca garantizar la protección del interés superior de la persona menor de edad, así como facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a ser oídas y escuchadas, para que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten.
La nueva normativa establece el buen trato como aspiración al máximo desarrollo integral de la población infanto-juvenil y la promoción de entornos seguros, contemplando para ello medidas frente a cualquier tipo de violencia hacia las personas menores de edad y regular el derecho a la inclusión social, abarcando a las personas menores de edad con diversidad funcional, personas menores de edad migrantes y personas menores de edad procedentes de minorías culturales.
Además, establece la promoción por parte de las administraciones de una participación inclusiva y efectiva de las personas menores en todos los ámbitos y reconoce su capacidad para contribuir a su propio desarrollo y al entorno social, mediante la constitución de órganos de participación integrados por niños, niñas y adolescentes.
Igualmente, la nueva normativa llama a tomar conciencia sobre la realidad de las personas extuteladas, garantizando la atención en sus procesos de tránsito a la vida adulta y acompañamiento en la emancipación, que permitan la incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Además, se implementa un conjunto de medidas para proteger al colectivo menor en el entorno digital actual, tales como la educación sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías.
Una ley estructurada en 192 artículos, un título preliminar y diez títulos
El proyecto de ley se estructura en ciento noventa y dos artículos, distribuidos en un título preliminar y diez títulos. Y tiene por objeto la atención y protección integral de la infancia y la adolescencia, en garantía del ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades, esto es, garantizar los derechos de las personas menores de edad que residan o se encuentren en el territorio de Canarias.
Para ello, establece la distribución de funciones y competencias entre las diferentes administraciones públicas canarias en la atención integral de las personas menores de edad, así como regula las medidas y actuaciones administrativas de promoción, prevención, situación de riesgo, de amparo e integración familiar y social de las mismas, además de establecer un régimen de coordinación, colaboración y participación interadministrativa, con las familias, las entidades del tercer sector de acción social y las empresas, en aras de garantizar su desarrollo integral.
La nueva norma, además, identifica los órganos de atención y garantía de los derechos de las personas menores de edad y regula el régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia y adolescencia.
