Señalan que la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya intervención es preceptiva en contratos concesionales de esta envergadura, concluye que el período razonable de concesión se sitúa en 24 años, no como se plantea en 10 mandatos
La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) planteó en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz celebrado este martes, la suspensión temporal de la aprobación del expediente de contratación de la nueva concesión administrativa del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento del municipio, para no asumir riesgos con el dinero público ante un contrato de esta envergadura.
La decisión de ACP no responde a un posicionamiento político coyuntural, sino a un criterio estrictamente técnico y jurídico, fundamentado en el informe emitido por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya intervención es preceptiva en contratos concesionales de esta magnitud.
Mientras el grupo de gobierno, con el voto favorable de PSOE, PP Y CC, y el voto en contra de ACP, ha impulsado una concesión con una duración de 40 años, la ONE concluye que el periodo razonable de duración de la concesión se sitúa en 24 años, en coherencia con lo establecido en el artículo 29.6 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 55/2017.
ACP entiende que la normativa es clara: la duración de una concesión no puede exceder el tiempo necesario para que el concesionario recupere la inversión realizada y obtenga una rentabilidad razonable en función de los objetivos del contrato. No se trata, por tanto, de una decisión discrecional. Para ACP, ampliar el plazo hasta 40 años —16 más de los estimados en el informe técnico estatal— exige una justificación que no se ha aclarado de la forma necesaria, y que puede favorecer los intereses de la empresa que resulte ganadora por encima del bolsillo de los y las portuenses.
El informe de la ONE también advierte de la necesidad de acreditar adecuadamente la transferencia del riesgo operacional al concesionario, elemento esencial para que jurídicamente el contrato pueda configurarse como concesión administrativa. Este aspecto resulta especialmente relevante, ya que afecta al encaje legal del modelo elegido y a la seguridad jurídica del procedimiento.
“Por supuesto que defendemos que salga esta concesión lo antes posible, pero también con las mayores garantías para defender los intereses de la ciudadanía portuense. Nos asombra que el PSOE local, a la hora de la verdad, cuando hay que tomar decisiones importantes, se ponga del lado de los suculentos beneficios de las grandes empresas”, explica el portavoz de ACP y primer teniente de alcalde, David Hernández.
Ante la trascendencia económica, jurídica y estratégica del contrato —que condicionará la gestión del agua en Puerto de la Cruz durante 10 mandatos— ACP presentó una enmienda, que fue rechazada por PSOE, PP Y CC, para dejar el expediente sobre la mesa y constituir una comisión de estudio con participación de todas las fuerzas políticas y asesoramiento técnico especializado.
La formación considera que un contrato de esta dimensión, que incluye inversiones estructurales de gran impacto, requiere el máximo consenso, transparencia y rigor técnico.
“Nos amparamos en un informe técnico estatal que fija en 24 años el periodo ajustado a la normativa. Nuestro voto en contra, responde a un ejercicio de responsabilidad y prudencia institucional”, señalan desde la formación.
ACP reafirma su compromiso con un contrato sólido, jurídicamente seguro y económicamente equilibrado, que garantice el interés general y evite comprometer durante 40 años la capacidad de decisión del Ayuntamiento.
