La nueva norma, que sustituirá a la vigente desde 1998, busca promover y fomentar la participación social de la ciudadanía, regular los requisitos de las entidades de voluntariado y las competencias de entidades y administraciones en esta materia
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran, para su toma en consideración y prestación de conformidad a la iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley del Voluntariado de Canarias.
Además, ha presentado propuesta para que se acuerde en su tramitación la realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.
Según ha explicado la consejera regional del área, Candelaria Delgado, «con esta herramienta legislativa se pretende que Canarias cuente con una ley que regule y promueva la participación activa de la ciudadanía, adaptándola a la realidad y los desafíos del siglo XXI». La actual de ley de Voluntariado data de 1998.
«Este proceso exige una modificación sustancial de la ley de Voluntariado en nuestra comunidad, como vehículo que promueva y fomente la participación ciudadana y actúe como motor del desarrollo social en nuestras islas», enfatizó Delgado.
Entre los objetivos que se busca alcanzar con esta iniciativa legislativa, se encuentran promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en intervenciones sociales realizadas a través de entidades no lucrativas y voluntariado, dentro y fuera del territorio canario. Se incluye asimismo la definición de la actividad, así como la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria en todos sus ámbitos; fijar los requisitos que deben reunir las entidades de voluntariado y el régimen jurídico de sus relaciones con las personas voluntarias y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado. Se propone determinar las funciones de la Administración Públicas Canarias en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado, así como regular sus relaciones con las entidades que desarrollen actividades de voluntariado y las personas voluntarias que colaboren en su ejecución.
Los valores y principios que deben inspirar la acción voluntaria son los de la libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las personas destinatarias de la acción voluntaria; la participación como principio democrático de intervención directa y activa en el espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y dimensión comunitaria y la solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y compromisos cotidianos.
Además, se promueve en esta ley la eliminación de injusticias y desigualdades, además de la complementariedad respecto a las actuaciones de las administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del voluntariado. Al mismo tiempo, se impulsa la autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones, la gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material y la eficiencia, que busca la optimización de los recursos.
Todos estos valores, se enmarcan en los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad, tal y como ha demostrado ser la canaria. Estos principios contribuyen a la equidad, la justicia, la cohesión social y el desarrollo de la corresponsabilidad y los valores democráticos.
