Artículo de opinión de Javier González Ruiz
Aún recuerdo que unos días antes de que se materializara la moción de censura contra la alcaldesa Fidela Velázquez en el mes de febrero de 2013, un maestro residente en el casco histórico de San Juan de la Rambla me “cuestionaba” el texto que yo había redactado y que encabezaba un pliego de recogida de firmas donde los ciudadanos se oponían a la censura mencionada. La crítica del maestro procedía de la confusión y el desconocimiento al no saber diferenciar entre los conceptos de legalidad y legitimidad. Y es que la moción de censura planteada por AIS-CC y PP era legal pero, al mismo tiempo, era ilegítima. Resulta que el maestro desconocía que el concepto de legitimidad contiene un componente subjetivo que otorga fundamento democrático a las instituciones y a la toma de decisiones políticas y que, no es otro que la comunidad organizada políticamente. Ya en aquel momento se pusieron de manifiesto dos cuestiones “clave” de interés político local que explican perfectamente lo que ha sucedido posteriormente. Por una parte, el papel central de Manuel Reyes (exalcalde), como impulsor coordinador y organizador de la moción de censura al no haber aceptado nunca democráticamente los resultados electorales del año 2011 y, por otra, la posición política ambigua e interesada de una “nueva” formación política (AUP-SSP) que, aún definiéndose de “izquierdas”, situaba políticamente a Manuel Reyes y a Fidela Velázquez en el mismo lugar y espectro ideológico. Esto último merecería un análisis minucioso en otro texto-artículo, pues esa posición política deriva de varios factores que la ciudadanía ramblera tiene el derecho a conocer y que en un futuro próximo publicaré. Como adelanto, invito a leer las múltiples publicaciones de AUP-SSP donde, a través de análisis reduccionistas y verdades parciales, pretenden “vender” a la ciudadanía ramblera que el verdadero “cambio” se produjo cuando ellos aparecieron en la escena política local y no cuando Fidela Velázquez y el PSOE ganaron las elecciones del año 2011 después de un trabajo colectivo “enorme” desarrollado durante muchos años.
Diez años después, tras el resultado de las elecciones de mayo de 2023, el análisis de lo sucedido -tras los encuentros y reuniones del PSOE (fuerza política más votada) con las distintas formaciones políticas para intentar legítimamente formar gobierno-, trae como consecuencia muchísimas similitudes con lo acontecido en febrero de 2013. Por una parte, Manuel Reyes recupera el protagonismo político como impulsor, organizador y coordinador del pacto entre CC-AUP-PP pues los votos “prestados” a CC, al no presentarse a las elecciones con su partido político, le han situado en una situación preeminente. De hecho, ya avisó Manuel Reyes, en un pleno municipal de este pasado mandato, que no descansaría hasta “vencer” a esos de “abajo”. Asimismo, sus apariciones públicas en la sede del Ayuntamiento, tras materializarse el presente acuerdo de gobierno, se han multiplicado exponencialmente. Por otra parte, los argumentos expuestos por AUP-SSP, anteponiendo el rencor y otros intereses personales de su líder Juan Siverio, al bien común y a un programa político transformador y de izquierdas para los próximos cuatro años, provienen de algo fundamental en los tiempos presentes: la construcción de un relato basado en la mentira. En este sentido, me voy a concentrar en intentar desmontar la principal mentira utilizada para negarse a pactar con el PSOE tras el resultado de las elecciones y que, además, difunden allá donde se encuentran con las vecinas y vecinos. Podemos resumirla y sintetizarla en: “Fidela nos echó”. Respecto de la primera afirmación, y sin ánimo de cansar al lector, debo introducir algún concepto jurídico-administrativo para explicar la verdad de lo acontecido en lo que voy a exponer. Para ello, debemos situarnos en el momento en el que Fidela Velázquez (alcaldesa) debía abandonar la Alcaldía tras la aplicación de un artículo de la legislación electoral de dudosa constitucionalidad derivado de una sentencia judicial tremendamente injusta. Recuerdo perfectamente, porque fui testigo presencial, que la entonces alcaldesa citó en su despacho a los socios (Juan Siverio (AUP) y Juan Ramos (AIS-CC)) para explicarles que debía abandonar la alcaldía y para acordar conjuntamente una transición ordenada y tranquila en aquellos difíciles momentos, pues siempre Fidela Velázquez confió en que aquel pacto por el que tanto había luchado podía continuar sin su presencia. En aquella reunión celebrada un viernes, se les explicó a los dos socios de gobierno que la alcaldesa abandonaría su cargo respetando el ordenamiento jurídico vigente, como no podía ser de otra forma, y se solicitó igualmente a los dos interlocutores presentes que permitieran articular la transición a través de un procedimiento ordenado que fuera vigilado por la jurista del Ayuntamiento, como así se hizo. Ambos representantes no pusieron objeción alguna a lo solicitado, transmitiendo en ambos casos sus ánimos y comprensión personal a la entonces alcaldesa. A partir de aquí, se produce el acto traidor, sucio y rastrero por parte de AUP-SSP que determinará lo que sucedió en los días siguientes y que tiene una íntima relación con la conformación del actual pacto de gobierno. Ese mismo sábado, tras la reunión del viernes a la que nos hemos referido, el líder de AUP-SSP acude con urgencia y alevosía a los medios de comunicación para solicitar la dimisión urgente de la alcaldesa Fidela Velázquez incumpliendo lo acordado y quebrando la confianza otorgada. Desde mi punto de vista personal, esto estuvo motivado por las ansias de poder y la posibilidad de trepar hasta la Alcaldía del líder de AUP-SSP, todo ello derivado del malintencionado consejo que recibió de un jurista nefasto (funcionario público en aquel momento) para el pueblo de San Juan de la Rambla, ya jubilado afortunadamente. El lunes siguiente, tras la publicación mencionada y con la confianza quebrada, la alcaldesa cita nuevamente a Juan Siverio para explicarle que le va a retirar las delegaciones conferidas a los dos concejales de AUP-SSP (no expulsarlos del gobierno-cuestiones jurídico-políticas bien distintas) pero que esa medida duraría muy poco tiempo porque ella se iba y el nuevo alcalde restablecería sus delegaciones tal y como se había acordado con él. Se trataba, para que se entienda, de una medida sancionadora de carácter transitorio derivada de la pérdida de confianza que en ningún caso suponía la expulsión del gobierno municipal.
Se podría argumentar que lo descrito es “parcial”, “inexacto” o que es la “versión” del que escribe (asesor jurídico de la Alcaldía) pero es que hay dos hechos incuestionables posteriores que fundamentan lo descrito y que son fácilmente comprobables por la ciudadanía. Uno fue la actitud responsable y leal de Juan Ramos (AIS-CC) tras la reunión celebrada en el despacho de la alcaldía (bastaría con preguntarle al que será alcalde después del próximo sábado día 17 qué sucedió en aquel momento) y, la otra, las renuncias a los salarios plasmadas en dos instancias suscritas por los concejales de AUP-SSP tras la retirada de las delegaciones de la Alcaldía. (recordar que todas las áreas y servicios que se derivan de las mismas pertenecen a las/los alcaldesas-alcaldes hasta que se delegan y con el alcance de la delegación que se acuerde).
Finalmente, debo manifestar que soy plenamente consciente de lo engorroso que puede suponer la lectura del presente escrito y que, además, quedan por analizar muchísimas cuestiones relacionadas con la política contemporánea ramblera (intentaré relatarlas en un tiempo próximo), pero creo que, tras el anuncio público del pacto de gobierno de CC-AUP y PP, tenía la obligación moral de exponerle a la ciudadanía ramblera una reflexión seria y real, basada en la verdad y no en la mentira intencionada.
