La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado este martes pasado en el Parlamento un mayor compromiso del Gobierno de España para financiar las políticas sociales de erradicación de la pobreza. Delgado ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional en esta legislatura para mejorar los principales indicadores de vulnerabilidad social y catalogó la intervención de los socialistas sobre los indicadores de pobreza como “errónea e interesada”.
La consejera de Bienestar Social señaló la mejora “objetiva y acreditada” en Canarias según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entidad que depende del Estado. “Los datos del INE reflejan una evolución positiva, aunque no nos conformamos, y queremos seguir mejorándolos, pero para eso necesitamos la financiación adecuada por parte del Gobierno de España”, indicó la consejera de Bienestar Social.
Los datos del INE señalan que en el indicador AROPE (riesgo de pobreza) la tasa de pobreza ha descendido en Canarias del 38,3 % en 2021 al 31,9 % actual, mientras que la tasa de riesgo de pobreza ha bajado del 28,4 % al 22,9 %. Asimismo, la carencia material y social severa se ha reducido del 13,5 % al 10,7 %. En términos absolutos, esto supone 120.014 personas menos en situación AROPE y 105.787 menos en riesgo de pobreza.
De igual forma, destacó la mejora en el empleo, con una caída del indicador de baja intensidad laboral del 21,3 % al 12,4 %, lo que equivale a 185.655 personas menos en esta situación. Además, los informes de FOESSA y Cáritas apuntan en la misma dirección, con una reducción de la exclusión social del 29,2 % al 25,5 % y de la exclusión severa del 14,3 % al 9,3 %.
Decreto Canarias
Candelaria Delgado reclamó, en línea con lo defendido por su Ejecutivo en el ‘Decreto Canarias’, un mayor compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la pobreza, planteando medidas concretas como la cogestión del Ingreso Mínimo Vital para evitar “vacíos y laberintos burocráticos”, así como una financiación estatal estable mientras el Archipiélago mantenga indicadores por encima de la media nacional.
Entre las propuestas también figuran blindar la compatibilidad de los complementos autonómicos a las pensiones no contributivas para que no perjudiquen a quienes los reciben, la cofinanciación de la dependencia, la cesión de suelo público estatal para vivienda protegida y una dotación de 28 millones de euros anuales para garantizar plazas gratuitas en educación infantil de 0 a 3 años, “Porque la desigualdad se combate, también, antes de que se cronifique, desde la infancia, desde la conciliación y desde la igualdad de oportunidades”, dijo Delgado.
“El debate no es si hay dificultades, sino si existe voluntad real de impulsar soluciones concretas entre todas las Administraciones. Hay que hacer menos utilización partidista de la pobreza y tener más compromiso institucional por parte de todos”, aseveró Delgado. Además, aseguró que “nuestro objetivo es reducir la vulnerabilidad con políticas públicas eficaces” y para eso “vamos a seguir defendiendo ante el Estado los recursos que Canarias necesita y le corresponden”.
Refuerzo de las políticas sociales
Candelaria Delgado destacó que el presupuesto de la Dirección General de Servicios Sociales para 2026 asciende a 184,64 millones de euros, un 9,2 % más que el año anterior (por encima de la media de aumento de las cuentas canarias) e indicó que “pese a los avances, queda mucho por hacer, pero estamos en el buen camino”. En este sentido, defendió el modelo de política social basado en la inclusión activa frente al “asistencialismo”, con medidas como el desarrollo de la Renta Canaria de Ciudadanía como herramienta integral que combina prestación económica y acompañamiento social personalizado.
Delgado destacó que esta prestación contará con 113,3 millones de euros en 2026, llegará a 13.000 hogares y ha sido revalorizada en más de un 30 % desde el inicio de la legislatura. En términos concretos, un adulto solo ha pasado de percibir 565,37 euros mensuales a 733,60 euros, mientras que una unidad monoparental con un menor recibe actualmente 1.115,07 euros.
Asimismo, se ha reforzado la red de servicios sociales municipales con 97 millones de euros del Plan Concertado, que atiende a unas 450.000 personas, además de 45 millones destinados a personal. A ello se suma la concertación social con el tercer sector, que garantiza la financiación a cinco años de 236 proyectos y 261.000 personas atendidas.
