El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha exigido al Ministerio que contemple las singularidades de las islas en el próximo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), a la vez que ha incidido en la necesidad de que este sea flexible y atienda a las propuestas y mejoras planteadas por las comunidades autónomas.
Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante la sexta Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, celebrada esta mañana en el Ministerio, en la que ha estado acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega.
Durante la sesión, el consejero Rodríguez ha subrayado la necesidad de diálogo y consenso: “El plan comienza sin el consenso necesario. Desde Canarias estamos a disposición del Ministerio para trabajar de manera conjunta y que sea un plan compartido por todos y útil para dar respuesta a la emergencia habitacional”, ha indicado.
Asimismo, el consejero ha destacado que Canarias ha aprovechado esta cita para adelantar las alegaciones y propuestas que planteará el Ejecutivo “con el objetivo de elaborar un plan que pueda aprobarse antes de final de año y que no sea impuesto, sino que integre las realidades y particularidades de todas las comunidades autónomas”.
En esta línea, Canarias busca garantizar que el Plan del Gobierno de España se adapte a la realidad del archipiélago y sea efectivo en la respuesta a la emergencia habitacional. Entre estas propuestas, destaca la utilización de los remanentes y superávits de las administraciones públicas, una iniciativa que ya el Gobierno canario presentó en la Conferencia de Presidentes y que permitiría destinar de manera temporal recursos extraordinarios a políticas de vivienda. “Aunque por el momento el Ministerio de Vivienda no ha dado respuesta definitiva, derivando en gran parte la cuestión al Ministerio de Hacienda, el Gobierno canario considera que esta medida es viable y necesaria para aportar un plus a la financiación autonómica en la materia”, ha explicado Rodríguez.
Asimismo, el consejero responsable del área ha detallado que “la mayor parte de nuestras mejoras se centran en la búsqueda de flexibilización del Plan Estatal para que se convierta en un marco de coordinación entre las políticas del Estado y las ya implementadas por Canarias, sin imponer medidas que puedan perjudicar los avances locales. Es importante contemplar la singularidad de las islas no capitalinas, donde las dificultades para la construcción y promoción de vivienda son mayores debido a la escasez de mano de obra, la falta de materiales y el encarecimiento de los costes”, ha insistido.
En este sentido, el consejero ha subrayado también que Canarias destina actualmente más recursos a vivienda de los que exige el Plan Estatal, movilizando herramientas, instrumentos y fondos públicos “sin precedentes en la historia de Canarias, con cerca de 200 millones de euros destinados a las políticas públicas de vivienda”.
Rodríguez también se ha referido a la exigencia del Ejecutivo estatal sobre compartir datos, y ha destacado que las islas ya cuentan con un Observatorio Canario de Vivienda, que proporciona datos públicos y rigurosos para evaluar la eficacia de las políticas y permitir una planificación más precisa. Además, ha recordado que Canarias fue la primera comunidad autónoma en garantizar la permanencia de la vivienda pública, mediante el decreto-ley 1/2024.
“Las propuestas canarias combinan flexibilidad, innovación y adaptación a la singularidad territorial, buscando un Plan Estatal que sea realmente un plus a todo lo que ya estamos impulsando desde Canarias” ha insistido, a la vez que ha señalado que en estos dos años, “hemos impulsado una estrategia 360º, que contempla diferentes impulsos normativos para reducir las trabajos y acelerar procesos con dos decretos leyes, que han permitido reactivar la construcción de vivienda pública con cifras inéditas en los últimos años y movilizar promociones paralizadas desde hace una década. Este esfuerzo también ha buscado generar un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda, dejando atrás el inmovilismo normativo que había limitado el desarrollo en los últimos años”.
Rodríguez ha recordado que la prioridad debe ser “garantizar políticas eficaces y eficientes que respondan a esta situación”. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar la financiación de las políticas de vivienda más allá de 2026, cuando finalizan los fondos europeos del Plan de Recuperación.
