La consejera, Migdalia Machín, ha destacado que el nuevo modelo es más transparente y orientado a las necesidades del Archipiélago; protege al estudiantado y refuerza la solidez y prestigio del sistema universitario canario
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha reafirmado ayer martes, en el transcurso del pleno del Parlamento autonómico, la estrategia del Ejecutivo canario para la ordenación del sistema universitario en materia de implantación de nuevas titulaciones oficiales.
Migdalia Machín ha vuelto a reiterar que se trata de “un modelo basado en el respeto a la autonomía universitaria, el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la garantía de que cada nueva oferta académica responda a las necesidades reales de la sociedad canaria, tanto en el presente como en el futuro”.
La titular del área de Universidades del Gobierno de Canarias ha explicado que, tal y como establece la Constitución Española y desarrolla la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), las universidades públicas del Archipiélago son las únicas instituciones que pueden proponer la creación de nuevas enseñanzas oficiales, mientras que el Ejecutivo autonómico actúa como garante de la calidad, la pertinencia y la viabilidad de dichas propuestas.
El procedimiento de implantación de nuevos títulos universitarios comprende tres fases obligatorias que aseguran un análisis exhaustivo y coherente. En primer lugar, el Gobierno de Canarias emite un informe preceptivo y favorable de necesidad y viabilidad académica y social. Este documento valora elementos como la relación entre oferta y demanda, la inserción laboral en ámbitos equivalentes, la pertinencia de la titulación respecto a las prioridades estratégicas del archipiélago y la capacidad efectiva del sistema universitario para asumir la nueva oferta. Solo si este informe resulta favorable la universidad puede continuar con la tramitación estatal del plan de estudios.
La segunda fase corresponde a la verificación académica, que se realiza en el ámbito estatal tras la evaluación técnica de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). Esta evaluación determina la adecuada integración del título en el Espacio Europeo de Educación Superior, la solidez del diseño competencial y lingüístico, la existencia de prácticas externas y la conexión con el entorno profesional.
Finalmente, tras superar estas etapas, corresponde al Gobierno de Canarias otorgar la autorización definitiva de implantación, conforme a los requisitos previstos en el Decreto 168/2008 y en el nuevo marco normativo autonómico actualmente en tramitación, que permitirá modernizar y agilizar el procedimiento, reforzando al mismo tiempo la seguridad jurídica del sistema.
La consejera de Universidades ha destacado que “este modelo garantiza decisiones basadas en datos verificables y criterios objetivos, alejadas de percepciones coyunturales, dado que planificamos de forma rigurosa para evitar duplicidades innecesarias, proteger a los estudiantes, fortalecer la reputación del sistema universitario canario y asegurar la sostenibilidad institucional”.
Asimismo, recordó Machín que la estrategia se alinea con los estándares europeos de calidad y movilidad, consolidando un marco de actuación que combina el respeto escrupuloso a la autonomía universitaria con la responsabilidad pública de asegurar que cada nueva titulación responda a una utilidad real para el desarrollo económico, social y científico del archipiélago.
