La medida, derivada de la planificación del gobierno central, formará al alumnado en prevención y actuación ante riesgos naturales y situaciones de emergencia
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado la implantación del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en los centros educativos no universitarios de Canarias durante el curso 2025/2026, conforme a la resolución conjunta de las viceconsejerías de Educación y de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales.
El plan, que deriva de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 12 de junio de 2025, ha sido elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en colaboración con el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas.
Su aplicación tendrá carácter obligatorio para todos los centros sostenidos con fondos públicos y centros privados que impartan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación y se desarrollará en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Deportivas y Educación de Personas Adultas.
Los viceconsejeros de Educación y de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, José Manuel Cabrera y Francisco R. Machado, respectivamente, han explicado que “formar en prevención y autoprotección tanto a docentes como a alumnado desde edades tempranas es una responsabilidad que tenemos que ejercer. Nuestros centros deben ser espacios seguros y lugares donde poder anticiparse y actuar con criterio ante cualquier situación derivada de una emergencia”.
En la misma línea, ambos añadieron que “Canarias presenta unas singularidades geográficas y climáticas que nos obligan a reforzar la prevención. Este plan no es una acción puntual, sino una apuesta estructural por integrar esta formación dentro de la vida ordinaria de los centros, con contenidos adaptados a cada etapa y con una visión inclusiva que garantice la participación de toda la comunidad”.
La implantación de este plan responde, además, a la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, riesgos volcánicos y sísmicos, inundaciones, incendios forestales o emergencias en el litoral, así como ante otras contingencias derivadas de la actividad humana. En el caso del archipiélago, su condición insular, la fragmentación territorial y la dispersión poblacional hacen especialmente relevante extender la cultura de la autoprotección desde el ámbito educativo.
El documento, ya aprobado, ha sido elaborado por la Administración educativa en coordinación con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en coherencia con el Sistema Nacional de Protección Civil y adaptado a las características propias del territorio.
Formación anual
En cuanto a su desarrollo, la formación dirigida al alumnado tendrá carácter anual y una duración mínima de dos horas en Educación Infantil y Educación Primaria, y de cuatro horas en el resto de enseñanzas no universitarias. Esta formación se podrá integrar en el Plan de Acción Tutorial, en las programaciones didácticas, en el Plan de Emergencias o Autoprotección o en la Programación General Anual de cada centro, garantizando así su incorporación efectiva a la organización ordinaria.
En función de la etapa y tipología de centro, el plan será desarrollado por el profesorado tutor, el profesorado de áreas o materias vinculadas, la persona coordinadora de prevención de riesgos laborales o algún miembro del equipo directivo. Además, el profesorado podrá realizar previamente una formación específica de dieciséis horas certificada por el Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado, con el fin de asegurar una adecuada implementación.
Entre los objetivos del plan figuran conocer los distintos riesgos de protección civil, comprender sus posibles consecuencias, fomentar la prevención y la autoprotección, aprender a actuar ante situaciones de emergencia, reforzar habilidades y promover valores como la responsabilidad, la solidaridad y la participación activa de toda la comunidad educativa.
Así, los centros educativos deberán adecuar sus documentos institucionales a las instrucciones aprobadas e incorporar el plan a su organización ordinaria, mientras que la Inspección Educativa realizará el seguimiento y supervisión de su correcta implantación en el marco del plan anual de actuación.
La medida comenzará a aplicarse con inmediatez y se desarrollará conforme al calendario previsto para el curso 2025/2026, avanzando de forma progresiva hacia entornos escolares más seguros y resilientes, capaces de anticiparse y reaccionar de forma eficaz ante cualquier situación de emergencia.
