El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que dirige el edil David Hernández, presentó hoy lunes los resultados del Proyecto Antirrumores Puerto de la Cruz, una estrategia pionera orientada a prevenir y combatir los estereotipos, prejuicios y falsos rumores que afectan a la integración y convivencia con la ciudadanía de origen migrante.
La iniciativa, ejecutada por la Fundación General de la Universidad de La Laguna, se basa en una investigación técnica de carácter social y comunitario que analiza de forma rigurosa tanto las percepciones existentes en el municipio como su impacto en la vida cotidiana.
El diagnóstico se elaboró a partir de 61 entrevistas realizadas a un total de 69 personas, entre responsables institucionales, profesionales de servicios públicos y ciudadanía. Se trata de una muestra plural que permitió obtener una imagen precisa de la convivencia real en el municipio. Del total de participantes, el 44,2% corresponde a ciudadanía, el 36,2% a personal técnico y el 19,6% a responsables políticos y representantes públicos, una distribución que garantiza una escucha amplia y representativa de la realidad social portuense.
De todo ello dieron cuenta hoy, lunes 1 de diciembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el edil de Participación y primer teniente de alcalde, David Hernández; el coordinador del proyecto Antirrumores, Alexis Mesa; y la técnica del proyecto, Rita Andrade, quienes desglosaron un diagnóstico que desmonta con datos oficiales los rumores sobre ayudas sociales, criminalidad y uso de servicios públicos.
El también primer teniente de alcalde, David Hernández, explicó que “la convivencia no se construye desde el miedo ni desde el rumor, sino desde la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos de todas las personas. Nuestro deber como institución es desmontar las mentiras que dañan la cohesión social y apostar por un modelo de ciudad que no deje a nadie atrás”.
Uno de los elementos centrales del informe es el marcado carácter multicultural de Puerto de la Cruz. Según el padrón municipal, tres de cada diez residentes han nacido fuera de España, es decir, un 29% de la población, siendo Alemania, Venezuela, Italia y Cuba los principales países de procedencia. La diversidad es, por tanto, una seña de identidad consolidada del municipio, un valor social que ha acompañado su historia y que constituye uno de sus mayores rasgos de apertura y convivencia.
A pesar de esta trayectoria, el estudio revela que aún persisten rumores que afectan negativamente a la imagen de la población migrante, especialmente hacia quienes proceden del continente africano que solo representa el 3,8% (350 personas), a pesar de ser una minoría numérica dentro del municipio. Este hallazgo evidencia la influencia de discursos que no responden a la realidad local, pero que se reproducen a través de canales externos, generando desconfianza, recelo y dificultades para la cohesión social.
El ámbito de los Servicios Sociales se identifica como el espacio donde los rumores están más arraigados, apareciendo en el 93,4%. La idea de que las personas migrantes “viven de la paguita” continúa siendo uno de los prejuicios más extendidos. Este estereotipo se fundamenta en la creencia de que las ayudas públicas se conceden prioritariamente a personas migrantes en detrimento de la población local. Sin embargo, los datos desmontan categóricamente este discurso. Las personas migrantes en situación administrativa irregular no pueden acceder a ayudas económicas.
La mayor parte de las ayudas sociales que se gestionan en Canarias son percibidas por personas españolas. Además, la población migrante realiza una aportación significativa al sostenimiento del Estado del Bienestar, contribuyendo alrededor del diez por ciento de los ingresos de la Seguridad Social mientras solo recibe cerca del uno por ciento del gasto. Las ayudas, lejos de constituir un modo de vida, representan un apoyo económico limitado que, para cualquier persona en situación de vulnerabilidad, apenas permite sobrellevar el mes, pero no garantiza una estabilidad vital. En este contexto, la frase “de ayudas no se vive, se sobrevive” resume de manera precisa una realidad que contrasta con el imaginario colectivo.
En los ámbitos de Seguridad Ciudadana y el uso de espacios públicos también se registran percepciones distorsionadas, presentes en ocho de cada diez relatos. Persiste la idea de que la llegada de personas migrantes provoca un aumento de la delincuencia o genera conflictos y comportamientos incívicos. No obstante, los datos demuestran lo contrario. El incremento de la población migrante no se relaciona con un aumento de la criminalidad; de hecho, mientras la población extranjera ha crecido, la criminalidad ha descendido. Tampoco existe evidencia de que las personas migrantes vengan a delinquir, como sostienen algunos rumores.
En lo relativo a los espacios públicos, el informe recuerda que las instalaciones municipales son de uso comunitario y pueden ser utilizadas por cualquier persona, ya sea local o migrante, para actividades deportivas y recreativas. Por tanto, la idea de que “ocupan todo” no responde a una realidad de uso indebido, sino a una convivencia normalizada en un territorio que pertenece a toda la ciudadanía.
Los rumores vinculados a la cultura, el empleo y la atención sanitaria aparecen en siete de cada diez entrevistas. En el ámbito cultural, se aprecia la percepción de que son las personas migrantes quienes deben realizar el mayor esfuerzo para integrarse, asumiendo que la diversidad cultural implica una adaptación unilateral. El estudio subraya que la integración es un proceso bidireccional que requiere tanto la disposición de la persona migrante como la apertura y aceptación por parte de la población autóctona. La convivencia solo se fortalece cuando existe reciprocidad, reconocimiento y un intercambio real entre quienes comparten el mismo espacio.
En el campo laboral persisten discursos que afirman que las personas migrantes “quitan puestos de trabajo”, especialmente en sectores donde predomina la precariedad. El análisis revela que estos sectores ya eran precarios previamente y que, en muchos casos, se aprovechan de la vulnerabilidad administrativa o económica de las personas migrantes, perpetuando condiciones laborales injustas. Lejos de perjudicar la economía, la población migrante trabaja, consume, genera actividad y contribuye de manera directa al crecimiento económico del país. A pesar de ello, las tasas de desempleo continúan siendo notablemente más altas entre la población extranjera, alcanzando un 21,49% frente al 14,9% registrado entre personas españolas, una diferencia que evidencia las barreras adicionales que enfrentan.
El informe aborda, además, la dimensión de género, donde se identifican estereotipos especialmente arraigados. La mujer latinoamericana suele ser descrita como alguien que busca aprovecharse de hombres españoles para obtener documentación o estabilidad económica, mientras que la mujer musulmana se percibe erróneamente como una figura totalmente sometida, sin opinión propia y controlada por figuras masculinas como el padre, el marido o los hijos.
De igual manera, se atribuye a los hombres latinoamericanos y africanos características como el machismo, la agresividad o el acoso. Estas percepciones son reduccionistas y distorsionan la diversidad real de trayectorias, roles y formas de vida que existen dentro de cada comunidad. El estudio recuerda, por ejemplo, que las mujeres musulmanas desempeñan un papel más activo en la sociedad de lo que suelen mostrar los estereotipos, participando en espacios educativos, laborales y comunitarios.
Uno de los hallazgos más relevantes del proyecto es que no existe una relación entre la presencia demográfica de población migrante y la extensión de rumores. Esta conclusión subraya dos elementos fundamentales: por un lado, la sociedad portuense mantiene una actitud mayoritariamente abierta y favorable hacia la diversidad; por otro, resulta urgente contrarrestar los discursos polarizantes que, aun sin base real, pueden generar tensiones y propiciar actitudes discriminatorias.
El informe final propone una hoja de ruta municipal centrada en reforzar la información veraz, promover la sensibilización social, consolidar el papel educativo como motor de cambio y favorecer espacios de encuentro que generen interacción positiva entre las distintas realidades culturales que conviven en el municipio. La estrategia plantea acciones orientadas a consolidar una convivencia intercultural sólida, basada en el respeto, el conocimiento mutuo y el reconocimiento de la diversidad como un valor compartido.
