El gasto supone un incremento del 8,35% con respecto al ejercicio 2025, lo que se traduce en 33.370.484 euros más
El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2026, por un importe total de 433.016.987 euros, en cumplimiento de lo previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio.
Este monto supone un incremento del 8,35 % con respecto al 2025, lo que se traduce en un total de 33.370.484 euros más. De esa cantidad global, se destina un 1% —4.330.169,87 euros— a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), tal y como marca la normativa. El resto, 428.686.817,13 euros, se reparte entre los ayuntamientos del archipiélago.
La distribución de estos fondos se realiza siguiendo los criterios fijados por la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Entre ellos, destacan el número de habitantes de cada municipio y su dispersión territorial, es decir, cómo se distribuye su población dentro del territorio. Para ello se han utilizado los datos oficiales disponibles más recientes, correspondientes al 1 de enero de 2025.
La distribución del fondo se realiza conforme a varios indicadores como son la población, en un 68 %; la solidaridad, en un 16 %; la insularidad periférica, en un 1%; la extensión territorial, en un 2 %; los espacios naturales protegidos, en un 2 %; las plazas alojativas turísticas, en un 2 %; la dispersión territorial, en un 5% y las unidades escolares, en un 4%.
Criterios de reparto
En el caso concreto del criterio de dispersión, se han tenido en cuenta variables como la población total del municipio, el número de núcleos de población y los habitantes de la capital municipal. Dado que en los datos actuales no se especifica qué núcleo es la capital en cada municipio, se ha mantenido la misma referencia utilizada en años anteriores, basada en información oficial de 1996, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema.
Asimismo, el criterio de extensión superficial se ha basado en la información cuya certificación corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, mientras que los datos relativos a espacios naturales protegidos, plazas alojativas turísticas y unidades escolares han sido aportados por las consejerías competentes en cada materia.
Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias autoriza además el gasto completo del fondo y dará cuenta de esta decisión al Parlamento de Canarias, tal y como exige la normativa vigente.
La propuesta ha seguido todos los trámites necesarios, incluyendo la consulta a la Federación Canaria de Municipios y los informes de la Intervención General y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.
