La norma, con el objetivo de garantizar la convivencia escolar, reconoce al profesorado como autoridad pública y establece medidas de protección jurídica y psicológica, además de acciones para dignificar su labor
El Gobierno de Canarias aprobó este lunes en Consejo de Gobierno su posición favorable para la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, iniciativa presentada por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Popular, Agrupación Socialista Gomera, Mixto y por la diputada no adscrita. Con esta decisión, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, el Ejecutivo permite que la propuesta avance su curso legal en el Parlamento.
La futura ley nace con el objetivo de fortalecer la figura docente dentro del sistema educativo canario, ya que reconoce su autoridad pública y garantiza su protección ante posibles situaciones de conflicto, tanto dentro como fuera del centro educativo, surgidas en el ejercicio de su función. Así, la normativa se aplicará en todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del archipiélago y, además, afectará a todo el personal docente que preste servicios en otros espacios educativos como centros hospitalarios, de reforma de menores o penitenciarios.
De esta forma, el Gobierno de Canarias permitirá dar respuesta a una demanda histórica por parte del colectivo docente, que reclama mayores garantías y un marco jurídico específico reconozca su papel esencial en la educación y su figura clave en el sistema. El texto establece que el profesorado, así como los equipos directivos de los centros, serán considerados autoridad pública, lo que implica que los hechos constatados por su parte tendrán presunción de veracidad.
Asimismo, el documento especifica el derecho de los docentes a recibir asistencia jurídica y psicológica en caso de verse afectados por incidentes relacionados con su labor profesional. Del mismo modo, también se regula la obligación del alumnado y de sus familias de respetar la autoridad del profesorado, así como la posibilidad de que asuman responsabilidades por daños causados, tanto materiales como personales.
Esta ley se traduce como un paso firme hacia la dignificación del profesorado como pilar fundamental del sistema educativo, con medidas de apoyo que van desde la creación de una unidad administrativa para la atención y asesoramiento del personal docente hasta la promoción de programas de formación y protocolos para la prevención y resolución pacífica de conflictos escolares.
Además, el texto regula también el uso adecuado de los medios físicos y tecnológicos en los centros, incluidos tablones de anuncios, redes internas o plataformas digitales, con el objetivo de prevenir que se utilicen para difundir mensajes ofensivos o injuriosos hacia el profesorado, el alumnado u otros miembros de la comunidad educativa. Para ello, se reforzarán las normas de convivencia internas de cada centro con medidas preventivas y correctoras.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la mejora del sistema educativo y con el reconocimiento del papel clave que desempeña el profesorado en la formación de la ciudadanía. La ley refleja una voluntad firme de situar al personal docente en el centro de las políticas públicas educativas, dotándolo del respaldo normativo necesario para ejercer su labor con garantías, respeto y dignidad.
