El Gobierno de Canarias autoriza un gasto de 7 millones para contratar el servicio de teleasistencia avanzada

Con este contrato, y la licitación previa del suministro de los dispositivos, de casi 23 millones de euros, se pretende atender a unas 20.000 personas una nueva atención domiciliaria mejorada

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno hoy lunes, ha autorizado el gasto de siete millones de euros para la contratación del servicio de teleasistencia para las personas en situación de dependencia hasta 2027. La contratación, que realizará la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a través de la Dirección General de Dependencia, se realizará por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente, y el presupuesto de licitación de 7.000.000 euros.

Con esta contratación se financian el servicio, es decir, los medios necesarios para poner en uso en los hogares de las personas con dependencia los dispositivos domiciliarios GSM-IP, sensores avanzados y dispositivos móviles que se han licitado para su próxima adjudicación con fondos Next Generation por un importe de 22,7 millones de euros.

El servicio que contempla este procedimiento no solo consiste en ese proceso de distribución de los medios técnicos, sino que incluye la visita a los domicilios de las personas que necesiten la teleasistencia, valoración del tipo de medios necesarios para la atención específica individualizada, la colocación de los medios técnicos en las casas de las personas dependientes y la asistencia periódica y coordinada que requiere este tipo de atención domiciliaria. Este avance en la teleasistencia supondrá multiplicar por cinco el número de personas que disfrutarán de medios avanzados para su cuidado en el domicilio particular, lo que supondrá llegar aproximadamente a 20.000 dependientes.

El incremento en el número actual de personas que disponen ahora mismo de servicios de teleasistencia favorecerá acrecentar su calidad de vida en un estadio de dependencia precoz, así como la mejora en la atención diaria y la puesta a disposición de recursos asistenciales y de seguridad dentro del hogar que ofrezcan un servicio más seguro y eficiente.

Esta contratación forma parte de plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, y del plan de apoyos y cuidados de larga duración a través de la desinstitucionalización, una estrategia que se está llevando a cabo por mandato europeo en pos de favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su entorno. Esto implicaría reducir la necesidad de plazas residenciales, con una atención temprana, que evitara la necesidad de internamiento de las personas dependientes.

Esta mejora de los medios técnicos ofrece una serie de beneficios clave:

• Monitoreo continuo: Los dispositivos permiten el seguimiento constante del estado y ubicación de la persona, gracias a sistemas de localización GPS y conexión a redes móviles, lo que posibilita una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia.
• Prevención de situaciones de riesgo: Mediante sensores de movimiento, los dispositivos pueden alertar automáticamente al centro de monitoreo o a los contactos designados, incluso si la persona no puede solicitar ayuda por sí misma.
• Mayor tranquilidad para los familiares: Las cuidadoras, cuidadores y familiares pueden monitorear de manera remota el bienestar de la persona dependiente, lo que reduce la preocupación y el estrés relacionado con el cuidado continuo.
• Mejora de la autonomía personal: Las personas mayores o dependientes pueden mantener una mayor independencia, sabiendo que tienen acceso inmediato a asistencia en caso de necesidad, lo que les permite continuar con su vida diaria sin sacrificar su seguridad.

De esta manera, se facilita una cobertura más accesible, rápida y eficiente, contribuyendo al despliegue de un sistema de apoyo a la autonomía personal que responda de forma moderna a las necesidades de los usuarios de forma personalizada y adaptada a sus condiciones específicas. Así, se asegura que la población mayor y en situación de dependencia en Canarias acceda a un servicio integral que fomente su bienestar y seguridad dentro del marco de los servicios públicos.