Unifica en una sola norma la regulación de la participación ciudadana y de la transparencia de las entidades públicas, e incorpora nuevas herramientas digitales
Entre las novedades del anteproyecto está crear un portal de datos abiertos, establecer un régimen sancionador específico, regular los grupos de interés y ampliar competencias del Comisionado
La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ultima la redacción del anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que unificará la normativa de fomento a la participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública, de 2010 y 2014, respectivamente.
El texto, que próximamente saldrá a información pública, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las dos rondas informativas que se han celebrado por todas las islas.
La intención del Gobierno es que la nueva ley vaya mucho más allá de una refundición de textos y por ello incorpora importantes novedades que la convertirán en una norma transformadora, que la posiciona entre las más avanzadas de todo el país en la materia.
Así, el anteproyecto crea el Portal de Datos Abiertos de Canarias, que se concibe como una plataforma central del ecosistema de datos públicos, proporcionando acceso unificado a conjuntos de datos de todas las administraciones canarias en formatos abiertos, reutilizables e interoperables.
Contempla la creación de la Autoridad Canaria de Participación como institución específica de promoción y garantía de la participación ciudadana, que evaluará la calidad de los procesos participativos y proporcionará apoyo técnico a las administraciones públicas. Y, paralelamente, amplía las competencias del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluye nuevas funciones en materia de evaluación, formación, promoción y control de la actividad de los grupos de interés.
Respecto a los grupos de interés -también conocidos como lobbies- el anteproyecto de ley incorpora como novedad importante una regulación específica para la actividad de influencia sobre las decisiones públicas. Esta regulación responde a la creciente complejidad de los procesos de toma de decisiones públicas y a la necesidad de garantizar que la influencia de intereses organizados se ejerza de manera transparente, íntegra y respetuosa con el interés general.
Así, por ejemplo, la futura ley establece el registro obligatorio de los grupos de interés; la implantación de un código de conducta con estándares éticos específicos para la actividad de influencia y el concepto de huella normativa, que es la obligación de documentar públicamente qué contactos e influencias se han ejercido durante la elaboración de disposiciones normativas, proporcionando trazabilidad a los procesos normativos y permitiendo la evaluación ciudadana de la influencia ejercida por diferentes actores.
Este anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno de Canarias también establece, por primera vez, un régimen sancionador específico. En este sentido, en materia de transparencia se mantiene y perfecciona el régimen sancionador establecido en la legislación vigente, incorporando nuevas tipificaciones que respondan a las obligaciones ampliadas que establece la nueva ley.
En materia de participación ciudadana se tipifican como infracciones las conductas que obstaculicen, distorsionen o manipulen los procesos participativos, así como el incumplimiento de las obligaciones de promover y facilitar la participación ciudadana establecidas en la ley. Mientras que para los grupos de interés, se tipifican infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de registro, transparencia y conducta ética, que incluye desde apercibimientos hasta la exclusión temporal del registro para los casos más graves.
Para alcanzar sus objetivos, la ley incorpora nuevos instrumentos digitales de participación que aprovechan las potencialidades de las tecnologías digitales actuales sin renunciar a los valores y garantías de la participación presencial.
Así, contempla la creación de los Observatorios ciudadanos digitales, que constituyen espacios virtuales permanentes para el seguimiento ciudadano de políticas públicas específicas; los Presupuestos participativos digitales, donde se moderniza un instrumento clásico de participación mediante herramientas tecnológicas que facilitan la propuesta, evaluación y votación de proyectos ciudadanos, incorporando sistemas de geolocalización, evaluación técnica automatizada y seguimiento de la ejecución en tiempo real; y las plataformas de legislación colaborativa, que permiten la participación ciudadana directa en la elaboración de disposiciones normativas mediante sistemas que facilitan la propuesta de enmiendas, el debate temático estructurado y la síntesis de propuestas ciudadanas.
La ley potenciará, paralelamente, la participación presencial mediante instrumentos mixtos que combinan elementos presenciales con herramientas digitales complementarias, como los paneles ciudadanos permanentes o los laboratorios de innovación pública.
El texto normativo saldrá a información pública en las próximas semanas y podrá ser consultado en el portal web del Gobierno, en el apartado de Participación Ciudadana donde asociaciones y entidades podrán hacer sus aportaciones.
