El Ejecutivo canario ha elaborado una propuesta de enmienda, que ha sido trasladada al Estado, para asegurar que los fondos de la gratuidad lleguen en tiempo y con seguridad jurídica
La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha convocado esta mañana la Mesa del Transporte de Viajeros y de Mercancías, unificando por primera vez ambos órganos, para abordar asuntos clave que afectan directamente tanto a las administraciones, como al sector y a la ciudadanía, e informar sobre las herramientas en las que se está trabajando, junto al Estado, con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas a la financiación de la gratuidad del transporte público en las islas.
Durante el encuentro, María Fernández, ha trasladado el estado actual de las gestiones que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo con el Estado para asegurar la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. En este sentido, la directora general ha informado de que se ha elaborado una propuesta de enmienda que el Ejecutivo canario ha hecho llegar al Gobierno del Estado con el objetivo de garantizar que los fondos destinados a la gratuidad “lleguen a tiempo y con seguridad jurídica”.
La enmienda propuesta por Canarias está diseñada para ser incorporada en el primer texto legislativo que se tramite en el Congreso de los Diputados, que previsiblemente será en la futura Ley de Movilidad Sostenible. “Aún así, este Ejecutivo trabaja con el Estado en la búsqueda de alternativas ante la posibilidad de que no se logren los apoyos parlamentarios necesarios y sacarla adelante cuando sea posible”, ha resaltado Fernández.
“La gratuidad ha representado un avance significativo en la movilidad de la ciudadanía canaria, pero su continuidad depende de que los fondos estatales lleguen con la suficiente antelación. No basta con que estén consignados en los presupuestos, es imprescindible que se transfieran a tiempo para no comprometer la sostenibilidad del servicio”, ha señalado María Fernández. En este sentido, ha recordado que el Gobierno del Estado se había comprometido a aumentar la partida destinada a la gratuidad de 81 a 120 millones de euros, distribuidos en dos anualidades: 78 millones en 2025 y 42 millones en 2026.
Además de la gratuidad, la reunión ha permitido abordar otras cuestiones relacionadas con la modernización del sector. En esta línea, la directora general de Transportes y Movilidad ha destacado que “tras más de una década sin actualizar la normativa, hemos iniciado una hoja de ruta para el desarrollo de nuevos reglamentos que mejoren la calidad y la eficiencia del transporte en las islas”.
Asimismo, ha explicado que, entre los avances en los que ha trabajado la Dirección General se encuentra el Registro de Operadores del Transporte (ROT), “una herramienta que llevaba más de 15 años pendiente de implementación y que ya se encuentra en una fase avanzada. Está previsto que esté operativa a final de año, aportando mayor transparencia y seguridad al sector profesional”.
