PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias defienden que el relevo es necesario para “reconducir la deriva administrativa del consistorio” ante el deterioro de los servicios públicos, la paralización de proyectos y las dudas sobre la gestión municipal. Los seis concejales firmantes confían en que Jesús Ezequiel Domínguez asuma la Alcaldía durante los siete meses que restan hasta las próximas elecciones municipales
En San Juan de la Rambla, la cuenta atrás política ya ha comenzado. Tras el registro de la moción de censura y a la espera del pleno extraordinario en el que deberá debatirse y votarse, los representantes del PSOE, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí se puede (AUP-SSP) y Nueva Canarias preparan un cambio de gobierno que, según sostienen, pretende devolver capacidad de gestión al Ayuntamiento y desbloquear asuntos que consideran esenciales para la villa.
El acuerdo reúne a seis ediles, la cifra necesaria para que prospere la iniciativa. El candidato propuesto para tomar el bastón de mando es el socialista Jesús Ezequiel Domínguez, quien encabezó la rueda de prensa convocada para explicar las razones del movimiento político. Junto a él comparecieron Gloria Méndez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ramblero, y Juan Siverio, representante de AUP-SSP y figura clave en la ruptura del pacto que su formación mantenía con Coalición Canaria. Juan Alberto Pérez, de Nueva Canarias, no pudo asistir por motivos laborales.
Una moción sustentada en la gestión municipal
Los promotores de la censura insisten en que la operación no responde únicamente a discrepancias personales ni a un cálculo electoral. Frente a la acusación de “traición política” formulada por el todavía alcalde, Juan Ramos, de Coalición Canaria, las tres fuerzas firmantes sitúan el foco en el funcionamiento cotidiano de la Administración local y en la necesidad de recuperar el impulso político durante el tramo final del mandato.
Gloria Méndez sostuvo que la iniciativa nace de una preocupación acumulada y no de una decisión improvisada. La portavoz socialista afirmó que resulta “ineludible” fiscalizar la actuación del gobierno y “reconducir la deriva administrativa del consistorio”. En esa línea, el futuro grupo de gobierno plantea revisar expedientes, prioridades y procedimientos con el propósito de conocer con precisión el estado de las áreas municipales antes de adoptar nuevas decisiones.
Entre las primeras actuaciones anunciadas figura el análisis de la situación económica del Ayuntamiento. Los socialistas quieren comprobar el estado real de unas cuentas municipales anuales cifradas en cerca de seis millones de euros, así como los plazos de pago y las obligaciones pendientes. El objetivo declarado es determinar si existen limitaciones presupuestarias, recortes o trabas financieras que no hayan aflorado públicamente durante esta etapa de gobierno y que puedan condicionar la acción municipal en los próximos meses.
Esta revisión, sostienen los firmantes, no debe entenderse como una auditoría orientada de antemano a buscar responsabilidades, sino como un diagnóstico imprescindible para establecer prioridades. La coalición aspira a disponer de una fotografía clara de los recursos disponibles y de los compromisos adquiridos para decidir qué actuaciones pueden ponerse en marcha de inmediato y cuáles necesitarán ajustes técnicos o presupuestarios.
Proyectos detenidos y pérdida de capacidad técnica
El estancamiento de iniciativas consideradas estratégicas constituye otro de los argumentos centrales de la ruptura. En esa línea, Juan Siverio denunció la pérdida de personal técnico necesario para tramitar subvenciones, ejecutar planes de empleo y acompañar administrativamente proyectos que dependen de financiación externa. A su juicio, esa merma de capacidad no solo ralentiza los expedientes, sino que aumenta el riesgo de perder ayudas y oportunidades de inversión.
Como ejemplo, Siverio mencionó la futura sala de ensayos destinada a las asociaciones y a la banda municipal. La infraestructura, largamente demandada, ha necesitado sucesivas prórrogas para evitar que se pierda una partida cercana a los 900.000 euros. Para AUP-SSP, las dificultades que rodean esta actuación ilustran un problema más amplio: la falta de una estructura administrativa capaz de convertir la financiación concedida en obras y servicios efectivos para la ciudadanía.
Los firmantes también vinculan el cambio de gobierno con la necesidad de reactivar los planes de empleo y reforzar los servicios públicos municipales. Aunque el nuevo ejecutivo dispondrá de un margen temporal reducido, su intención es ordenar los expedientes pendientes, identificar los proyectos con mayor grado de madurez y concentrar los esfuerzos en aquellos que puedan desbloquearse antes de que termine el mandato.
Una ausencia dentro de AUP-SSP
La moción no cuenta con la firma de todos los miembros de AUP-Sí se puede. La concejala Yanira Mesa, que se encuentra de baja médica, ha quedado al margen de la iniciativa. Según explicó Siverio, su compañera “no ha querido formar parte de la moción”. La ausencia no altera, sin embargo, la mayoría reunida por PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias, que suma los seis votos necesarios para promover el relevo.
La situación refleja la complejidad interna de una operación que modifica las alianzas construidas al inicio del mandato. Siverio encarna el giro decisivo al romper con Coalición Canaria y respaldar una alternativa de izquierdas. Los promotores presentan esa decisión como una respuesta a problemas de gestión que, según su diagnóstico, ya no podían corregirse desde el acuerdo anterior.
Un nuevo rumbo político
El texto registrado fundamenta la moción en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y desarrolla los motivos invocados por los concejales. Entre ellos figuran el deterioro de los servicios públicos, la paralización de inversiones y proyectos estratégicos, la falta de planificación presupuestaria, el retroceso en transparencia democrática y distintos cuestionamientos jurídicos sobre la gestión de la Alcaldía.
Una vez admitida a trámite la iniciativa y cumplidos los plazos previstos por la normativa electoral, la corporación se encamina hacia el pleno extraordinario convocado para el 4 de noviembre. Si los seis firmantes mantienen su respaldo, Domínguez será elegido alcalde y se abrirá una nueva etapa política en San Juan de la Rambla.
El relevo llegaría con el calendario en contra. El eventual gobierno dispondrá de unos siete meses hasta las próximas elecciones municipales, un periodo breve para revisar las cuentas, reorganizar las áreas, recuperar capacidad técnica y poner en marcha proyectos. Esa limitación obligará a seleccionar objetivos y a distinguir entre las medidas que pueden ejecutarse de inmediato y las que únicamente podrán dejarse encauzadas para el siguiente mandato.
Las tres formaciones afirman que su prioridad será restablecer el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y ofrecer respuestas concretas a los vecinos. El reto consistirá en traducir el acuerdo político en una acción coordinada, evitar que el cambio de gobierno genere nuevas demoras y demostrar que la moción sirve para superar la parálisis denunciada.
La gestión, a examen
Hasta la celebración del pleno, el debate seguirá enfrentando dos interpretaciones. Para Coalición Canaria, la iniciativa supone una ruptura desleal del pacto; para sus promotores, constituye una herramienta legítima para corregir una situación administrativa que consideran insostenible. El 4 de noviembre no solo se decidirá quién ocupa la Alcaldía: también comenzará a medirse la capacidad del nuevo bloque para convertir sus críticas en resultados durante la recta final del mandato.
Con una mayoría ajustada pero suficiente, PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias afrontan así una transición marcada por la urgencia. La fiscalización de las cuentas, la recuperación de personal técnico, la defensa de las subvenciones y el desbloqueo de infraestructuras serán las primeras pruebas de un gobierno que llegará con poco tiempo y con la promesa de devolver estabilidad, planificación y transparencia al consistorio ramblero.
