La ley aprobada refuerza la sostenibilidad, protege el servicio público del taxi, mejora la planificación insular y adapta el sistema al marco europeo
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han celebrado la reciente aprobación, en el Parlamento de Canarias, del Proyecto de Ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en el Parlamento de Canarias.
Esta reforma legislativa, que parte del Decreto-ley 6/2024, aprobado en noviembre del pasado año, impulsado por la Dirección General, incorpora un amplio conjunto de enmiendas trabajadas y consensuadas por los grupos parlamentarios, cuyo objetivo ha sido reforzar la seguridad jurídica, clarificar aspectos técnicos clave y adaptar el marco normativo canario al europeo.
El consejero Pablo Rodríguez ha resaltado que “hoy es un día importante para Canarias, porque después de más de una década hemos aprobado la modificación más significativa de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, una norma que no se actualizaba desde 2007”.
Un avance clave que nace del consenso, no solo entre los grupos parlamentarios, sino también con el propio sector, con el que se ha trabajado para escuchar, dialogar y acordar. “Es el resultado de un esfuerzo colectivo en un ámbito complejo y con muchos intereses, y precisamente por eso tiene un valor aún mayor”, ha recalcado Rodríguez.
Además, esta reforma introduce por primera vez un enfoque claro hacia la sostenibilidad, situando los criterios medioambientales como eje central en la concesión de autorizaciones y licencias. “Es un cambio de modelo que pone el cuidado del territorio en el centro de la planificación de la movilidad. Con esta ley, apostamos por un desarrollo que conecta mejor a las personas y que, al mismo tiempo, protege lo más valioso que tenemos, nuestras islas”.
En esta línea, la directora ha señalado que “el sector llevaba años reclamando una actualización normativa. El mundo ha cambiado y, aunque en su momento fue una ley avanzada, había quedado claramente obsoleta. Ya no respondía a la realidad actual ni a los desafíos que enfrentamos hoy, e incluso presentaba contradicciones con el marco normativo europeo. Por eso, esta modificación supone un avance muy significativo. Nos acerca a una legislación más alineada con Europa, con el conjunto del Estado y, lo más importante, con las necesidades reales del sector y de la ciudadanía canaria”.
“Por fin Canarias da hoy un paso decisivo hacia un modelo de transporte más moderno, justo y sostenible, capaz de responder a los desafíos insulares y alineado con la normativa europea”, ha destacado Fernández.
Una ley que moderniza el transporte y protege el interés público
Las modificaciones introducidas, que han sido presentadas y consensuadas por los grupos parlamentarios a través de 64 enmiendas en el periodo ordinario y 22 in voce, suponen una transformación profunda de la planificación y regulación del transporte en Canarias, tanto en su vertiente técnica como en su dimensión social y ambiental. Entre las principales novedades destacan: la seguridad jurídica, delimitando las solicitudes de autorizaciones VTC, “evitando situaciones de incertidumbre y favoreciendo la gestión eficaz de los expedientes”; la sostenibilidad y la planificación insular, los cabildos contarán con un año más para establecer criterios de capacidad de carga, calidad del aire, tráfico y equilibrio del espacio público que permitan gestionar autorizaciones en función de la realidad insular, y la protección del taxi como servicio público esencial, reconociendo su papel estructural dentro del sistema de movilidad de Canarias, integrándolo en la planificación y reforzando su régimen tarifario y de calidad.
Mejoras técnicas y adaptación normativa
La ley incorpora mejoras sustanciales para hacer más eficiente y transparente el funcionamiento del sector, entre las que destaca la clarificación de la hoja de ruta para los servicios discrecionales; la obligación de uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos; la adaptación íntegra al Reglamento Europeo 1071/2009, unificando requisitos para el acceso a la profesión; la exclusión de autocaravanas de uso recreativo; la inclusión del transporte a la demanda, no contemplado en la ley original, y la participación de empresas con más de 200 trabajadores en la movilidad sostenible de sus plantillas.
Compromiso con el ámbito rural y escolar
Para garantizar el acceso universal al transporte, además, “se habilita, de forma excepcional, que taxis y VTC puedan prestar servicio escolar en zonas rurales con escasa oferta, garantizando el derecho al transporte de los menores en todo el territorio. También, ampliamos el transporte escolar, incrementando sus definiciones, como centros de enseñanza o guarderías, así como actividades extraescolares debidamente organizadas”, ha indicado Fernández.
Nuevas herramientas del control
La nueva norma incorpora, además, “medidas contundentes para mejorar el cumplimiento de la ley endureciendo el régimen sancionador contra el transporte ilegal”, incluyendo la inmovilización del vehículo; protegiendo frente a agresiones o actos peligrosos contra conductores y usuarios; garantizando la subrogación del personal cuando cambie la empresa prestadora de determinados servicios públicos y limitando la operativa VTC, “no podrán estacionar ni circular en busca de clientes, ni operar en paradas de taxis o guaguas”, ha explicado Fernñandez.
Para concluir, Fernández ha hecho hincapié en que “esta modificación legislativa no es solo una actualización técnica, es un avance histórico y una apuesta firme por una movilidad responsable, segura y adaptada a la realidad canaria. Avanzamos hacia un modelo más equitativo, que protege a los sectores esenciales y garantiza un transporte digno y eficiente para toda la ciudadanía”.
