El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha advertido este lunes que la forma en que se está gestionando el nuevo convenio de dependencia tanto el Gobierno de Canarias (CC-PP) como el grupo de gobierno insular que preside Rosa Dávila puede terminar asfixiando económicamente a las entidades sociales que sostienen la atención a la dependencia en la Isla, poniendo en riesgo plazas y servicios fundamentales.
La consejera socialista Marián Franquet denunció que los borradores del nuevo convenio, que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, fijan un precio por plaza muy por debajo del coste real calculado por las propias entidades. “Cuando el convenio finalmente se firme, será con efectos retroactivos desde enero, pero pagando según los cálculos del Gobierno, no por lo que ya han gastado estas entidades para mantener los servicios. Eso las aboca a un déficit que amenaza su viabilidad y pone en riesgo la continuidad de los recursos”, advirtió.
Franquet recordó que esta situación afecta directamente a cientos de plazas para personas mayores, dependientes y con discapacidad, que podrían desaparecer si las entidades no pueden seguir asumiendo esas pérdidas. Además, subrayó que desde enero el Cabildo ha tenido que sostener en solitario estos servicios con fondos propios, “que se agotarían este mismo año si el Ejecutivo regional no cumple con la firma del convenio que financia el sistema. Están tensionando las economías de las entidades, ayuntamientos y operados”, incidió.
Franquet pide, además, medidas específicas para las altas hospitalarias que no discrimine a quienes esperan en sus casas.
La consejera socialista reclamó además medidas para atender a los pacientes hospitalarios con alta, pero con necesidades sociosanitarias, que permita liberar camas sin saturar el sistema de dependencia ni discriminar a quienes llevan meses o incluso años esperando atención en sus hogares. “No podemos aceptar que el borrador del convenio otorgue prioridad automática a estos casos, porque convierte a los hospitales en la puerta trasera del sistema, desplazando a miles de personas en situación muy grave que necesitan ese recurso desde hace mucho tiempo”, señaló.
“Hace falta una estrategia propia para gestionar estas altas, con recursos diferenciados, porque mezclar ambas listas solo traerá más saturación y dejará sin respuesta a quienes están en sus casas aguardando un servicio que ya tienen reconocido, generando, además, un efecto no deseable en familias que verán en el sistema sanitario su último recurso ante una situación personal insostenible para ellas”, insistió Franquet.
La peor gestión en casi dos décadas
Franquet subrayó que Canarias tiene hoy los peores datos del país en materia de dependencia: un 42% de personas en lista de espera, un 29% en el limbo y miles que fallecen cada año sin recibir la atención que tenían reconocida. “Estamos ante la peor gestión en 18 años, sin convenios firmados, sin actualización de precios, sin nuevos recursos y con un modelo que pone en riesgo la red de entidades sociales que sostiene el sistema”, concluyó.
