La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Máñez, denuncia la “nefasta gestión” del Gobierno de Canarias en el sistema de dependencia y critica la falta de participación y consenso para la elaboración del nuevo Decreto. “Lo hacen para apuntarse una falsa medalla de mejorar los datos estadísticos del sistema a costa de la calidad de los servicios y la garantía de los derechos de las personas en situación de dependencia”
La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Máñez, ha exigido al Gobierno de Canarias esta semana en el Pleno de la Cámara regional la retirada del nuevo Decreto de Dependencia elaborado por la Consejería de Bienestar Social, al considerar que se ha realizado sin participación previa, abre la puerta a la privatización de los servicios, y no mejora el sistema de dependencia en Canarias. “Se están quedando solos, el modelo de Coalición Canaria (CC) no mejora nada el sistema”.
Máñez afirmó que las alegaciones presentadas a este nuevo Decreto son un ejemplo de esta situación, denunciada por el propio personal de la Consejería y los colegios profesionales. “Entre todas las alegaciones, han hecho una enmienda a la totalidad de este Decreto, que solo dificulta el acceso a las personas con dependencia o directamente las expulsa del sistema para mejorar los datos. La que iba a ser su medida estrella se ha convertido en un auténtico pluf. Lo hacen para apuntarse una falsa medalla de mejorar los datos estadísticos del sistema a costa de la calidad de los servicios y la garantía de los derechos de las personas en situación de dependencia”.
La diputada socialista acusó al Ejecutivo de CC y PP de “romper el consenso” y toda la participación para conseguir una propuesta consensuada, sin contar con personas que trabajan en el sistema de dependencia desde hace más de 17 años, los colegios profesionales, la FECAM y la FECAI, y las organizaciones y asociaciones que representan a las personas en situación de dependencia en Canarias. “No ha habido un trabajo previo con nadie. Es sorprendente además que lo haga una persona que fue presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Parece que desde que es consejera, lo del debate y la participación ya no es algo tan relevante políticamente”.
En este sentido, recordó que el Grupo Socialista se ha reunido con los colectivos afectados para recabar las alegaciones al Decreto.
Además, alertó que este Decreto no cumple con el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, porque hay cuestiones graves que afectan a los derechos de las personas, como establecer la revisión de la capacidad económica de la unidad familiar, cuando la ley solo establece la de la persona solicitante, o el desistimiento de la persona en el caso que no esté presente en el día de la visita.
También critica que se extinga el derecho reconocido si no se hace uso efectivo del servicio o prestación asignado en el plazo de un mes, con la falta de servicios que tenemos en Canarias, donde más de 7.000 personas que tienen el derecho reconocido, no pueden hacerlo efectivo por la falta de servicios.
Asimismo, denuncia la invención del equipo de triaje, generando dudas por otra parte, de la eficacia de la unificación de valoración del grado y el PIA en una única visita domiciliaria. “El sistema después de 17 años y de la mala implantación en origen, por un gobierno y una consejera de CC, no está para experimentos”.
Máñez afirmó que este Decreto abre la puerta a la privatización del procedimiento y que afronta el principal problema del sistema que es la falta de personal, reconocida por la propia directora general y que no han puesto partidas presupuestarias en 2024 para ellos como ya denunció el Grupo Socialista. “Lo que sí ha demostrado un impacto positivo en el sistema, fue el refuerzo de personal que sí hizo el Pacto de las Flores, lo que permitió mejorar los datos, con 2.714 PIAS netas de enero a abril de 2023, frente a las 333 del mismo periodo en 2024”.
“Han generado el peor clima laboral que se recuerda en la Consejería en 17 años, es triste escuchar a representantes de las trabajadoras y trabajadores sobre acoso y maltrato”, añadió.
Para la diputada socialista, ante este Decreto, solo cabe una respuesta, que es “humildad, reconocer el error y retirarlo”.
