Las dos profesoras declaradas no aptas después de llevar años ejerciendo como docentes no son casos aislados
Hace unos días, distintos medios de comunicación se hicieron eco del cese de dos docentes que, tras varios años de servicios, una en Canarias y otra en Galicia, aprobaron las oposiciones del pasado verano en Canarias.
Señalan en un comunicado desde el STEC-IC que el motivo de dichos ceses fueron sendos informes de la Inspección Médica que se encuentra adscrita a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Dichos informes declaraban no aptas para el servicio a las docentes en base a que ambas tenían una discapacidad reconocida. Sin embargo, en ambos casos el informe soslayó cuestiones tan importantes como que, a pesar de la discapacidad, ambas fueron capaces de superar el procedimiento selectivo consistente en un concurso-oposición muy exigente, o que ambas acreditaban una extensa experiencia como docentes que contradice el informe de la Inspección Médica, pues el hecho de llevar varios años ejerciendo la profesión docente es la prueba palmaria de que ambas docentes están aptas para el servicio. Además, el referido informe obvia también que ambas docentes deberían poder realizar sus funciones con tan solo disponer de unas adaptaciones razonables en sus puestos de trabajo que les permitan salvar las dificultades que entrañan sus respectivas circunstancias personales. Se trataba, en definitiva, de que la Administración pública adopte las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades a que ambas docentes tienen derecho por mandato constitucional.
Pero, si bien estos dos casos quizá han tenido un mayor impacto mediático debido a la sensibilidad que despiertan, por desgracia, no son los únicos. Desde este sindicato resaltan que «en los últimos años centenares de docentes han sufrido la misma falta de sensibilidad por parte de la Inspección Médica que, lejos de comportarse como profesionales de la medicina y velar por la salud y el bienestar de los docentes, se comporta como un servicio médico de empresa cuyo único objetivo es evitarle a la empresa los costes derivados del personal que padece alguna enfermedad. Y, así por ejemplo, hemos visto como declaran no aptos a docentes interinos que, tras décadas de servicios, han tenido la mala fortuna de padecer una enfermedad de larga duración, en algunos casos, enfermedades tan graves como un cáncer, un ictus o un infarto. Nos han llegado quejas de docentes que, tras haber superado una de estas enfermedades, haber sido dados de alta y haberse incorporado al servicio nuevamente, son requeridos por la Inspección Médica y declarados no aptos para el servicio».
«En la mayoría de los casos, han prosperado las demandas que el STEC-IC ha presentado en representación de estas personas, como seguramente prosperarán las que presenten las dos docentes que ahora han sido apartadas del servicio. Algo de lo que la Consejería es perfectamente consciente y por ello, ya ha readmitido a una de ellas y exigimos que haga lo mismo con la segunda. Sin embargo, y a pesar de que a la larga la justicia dé la razón al profesorado afectado, el largo periodo de incertidumbre por el que se ve obligado a pasar, no solo no le beneficia, sino que en algunos casos perjudica su propia salud», subrayan en este comunicado.
Es por ello, que desde el STEC-IC «exigimos a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes que tome cartas en el asunto y acabe con esta oleada de intimidaciones que, por parte de la Inspección Médica de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios se está llevando a cabo contra el profesorado».
