La Asamblea General de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) ha mostrado unánimemente el enfado generalizado del tejido empresarial de la construcción, especialmente de los promotores y constructores, por la tardanza inadmisible en la gestión y resolución de las licencias de obras mayor en la mayoría de los ayuntamientos, siendo muy pocos los que hacen una tramitación aceptable. El enorme tiempo de espera para su concesión, un año de media, aunque ya el porcentaje de estar esperando más de cuatro años se está haciendo lo normal, perjudica económicamente a clientes, promotoras y a los propios ayuntamientos. La ejecución de un inmueble se encarece porcentualmente cuando la concesión de licencia se alarga más allá de los seis meses.
Señalan que los ayuntamientos son el muro infranqueable ante el anhelo de las promotoras y constructoras para reducir los plazos de sus edificaciones, con el fin de ponerlas en el mercado rápidamente ante la demanda, angustiosa en muchos casos, por la urgencia habitacional. La propia Administración Pública no cumple con la legislación urbanística, en cuanto a los tiempos de resolución y no pasa nada, nadie asume responsabilidades, ni se les piden internamente y todos se culpabilizan, quitándose deberes que tienen obligatoriamente que asumir por el cargo o por ser empleados públicos.
Subrayan desde FEPECO que la concesión de licencias es un acto reglado, ya que su aprobación está sujeta a criterios puramente objetivos, que los ayuntamientos están obligados a otorgar en un plazo determinado, tres meses, y que no cumplen sistemáticamente. Se puede calcular, en la mayoría de los casos, que un 35% de todo el proceso constructivo, queda estancado en la espera burocrática. El retraso en la concesión de licencias de obra nueva puede tener un sobrecoste medio para el comprador de casi 18.000 euros por vivienda, que puede ser más según la zona a construir. Los costes que conllevan, tanto para el promotor como para el consumidor final los retrasos en la concesión de licencias perjudican principal y enormemente al comprador, es decir, al ciudadano, que tiene que pagar la ineficacia de una burocracia que le hace mucho daño.
Según la federación de los constructores en la provincia, esta situación calamitosa, fuera de control y poder por parte de los responsables políticos y por el contrario, muy bien dominado por los empleados públicos provoca, retrasos en la puesta en marcha de actividades empresariales, limitando el crecimiento económico o resolviendo el problema habitacional. Costes para los promotores de viviendas, asumiéndolos a elevados tipos de interés. Sobreprecio para el comprador de una vivienda y lentitud en la entrada de recursos en los propios Ayuntamientos.
La solución, enfatizan, pasa por dotar de suficiente personal técnico y con conocimientos suficientes a las oficinas técnicas municipales o gerencias; impulsar la digitalización de los trámites; simplificar los procedimientos de gestión; unificación de criterios normativos en todos los ayuntamientos; delegación de funciones, cuando no se pueden asumir las propias, en colegios profesionales, entidades acreditadas o certificadoras y en Canarias, aquellos ayuntamientos incompetentes en la gestión eficiente del urbanismo, la mayoría, adherirse al Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. Desde luego que en nuestras Administraciones locales hay mucho que mejorar en cuanto a la eficacia administrativa en los procedimientos de concesión de licencias, sin que toda la excusa deba recaer en la falta de personal, debiéndose enfocar las propuestas de mejora en la optimización y racionalización de los procedimientos.
Concluyen destacando que los Ayuntamientos de Candelaria, Granadilla y Garachico, precisamente poco ejemplares en la tramitación temporal de las licencias y escandalosamente incumplidores de los tiempos reglamentariamente establecidos en cualquier trámite urbanístico en sus términos municipales, rechacen la aplicación del citado Decreto-Ley, que es precisamente ayudador para casos como lo que suceden con mucha frecuencia en sus municipios, es una demostración palpable, de que los políticos y los empleados públicos, cada vez están más alejados de la realidad, tomando decisiones, sin conocer de cerca los problemas cotidianos, encerrados y atrincherados en sus despachos oficiales. Esta distancia es la que erosiona la confianza y aleja a la sociedad de sus representantes y malgasta a una Función Pública inservible y empoderada.
