Los tiempos de espera -ya se cuentan en años- sobrepasan con mucho lo mandatado por la Legislación vigente, sin que nadie, políticos o empleados públicos, asuman sus correspondientes responsabilidades
Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, insiste en proclamar que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo. Sin embargo, muchas veces las dificultades no provienen de la falta de empresas promotoras y constructoras, ni de la ausencia de demanda, sino de la parálisis administrativa que bloquea la concesión de las licencias y permisos urbanísticos. En este escenario, los alcaldes o alcaldesas se han convertido en protagonistas involuntarios, peor aún, quizás en los responsables directos de los retrasos que impiden que miles de familias puedan acceder a un hogar.
La construcción de viviendas depende en gran medida de la agilidad de los ayuntamientos. Los alcaldes o alcaldesas, como máximos responsables de la gestión municipal, son quienes deben garantizar que las áreas de urbanismo funcionen con eficacia y transparencia. Sin embargo, la realidad es muy distinta, expedientes que se duermen en los cajones u ordenadores municipales durante meses, aunque ya tenemos que decir desde hace años, normativas contradictorias que generan confusión y exigencias burocráticas que se acumulan como un muro infranqueable. Esta lentitud no sólo desespera a los promotores y a los ciudadanos, sino que encarece los proyectos, eleva el precio final de las viviendas y frena la creación de empleo en el sector.
Oscar Izquierdo pide a los alcaldes o alcaldesas que dejen de excusarse siempre en la falta de medios o en la complejidad legal. Tienen la responsabilidad de organizar sus administraciones locales, dotarlas de personal y simplificar los procedimientos y sobre todo gobernar, que significa mandar. Cada día de retraso en la concesión de licencias significa familias sin casa, jóvenes obligados a marcharse fuera buscando el futuro que aquí se les cercena y empresas que pierden oportunidades. La falta de decisión política, el miedo a firmar o simplemente la incompetencia burocrática terminan castigando a toda la sociedad.
Se necesitan gobernantes municipales con brío, asumiendo su papel de autoridad municipal, como garantes del derecho a la vivienda, que sepan dirigir, regir y administrar, obligando en su caso, a los empleados públicos a ser productivos, que es lo que les toca hacer. Porque cuando un proyecto se atasca en un despacho municipal, el verdadero culpable del retraso no es la ley, ni el promotor, ni la constructora, es el alcalde o alcaldesa que permite que la burocracia le gane la batalla y gobierne el ayuntamiento respectivo.
