La Fecai aprueba y remite a los grupos parlamentarios las directrices de la reforma de la ley que refuerza la «estructura autonómica» de las corporaciones insulares
Cataluña fue intervenida en 2017 al aplicar el Gobierno de España el artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia. Eso permitió al Ejecutivo de Mariano Rajoy asumir de forma temporal competencias de la Generalitat y algo parecido puede hacer la Comunidad Autónoma respecto a las competencias transferidas a los cabildos, pero eso va a cambiar en esta legislatura.
La Federación Canaria de Islas (Fecai) aprobó el pasado 1 de julio y remitió a los grupos parlamentarios el informe –supervisado por José Miguel Ruano, vicepresidente segundo y consejero insular de Presidencia del Cabildo tinerfeño– que incluye las directrices de las corporaciones insulares para modificar la vigente ley de cabildos de 2015. En ellas, «se eliminan las previsiones relativas a la suspensión, modificación y revocación de transferencias».
Esta es una de las medidas que los cabildos creen que debe incluir la nueva legislación para «redefinir el sistema competencial, estableciendo que las transferencias de competencias conllevan la titularidad plena, y no solo su gestión», además de «unificar el tratamiento de competencias transferidas y delegadas». Es decir, ya no habrá competencias ‘prestadas’ ni ‘tuteladas’ por la Comunidad Autónoma que puedan ser arrebatadas a los cabildos.
22 competencias
Tal y como consagra el artículo 70.2 del vigente Estatuto de Autonomía, los cabildos insulares, «como instituciones de la Comunidad Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular» en un total de 22 competencias: demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación oficial de los municipios; ordenación del territorio; carreteras –salvo las que se declaren de interés autonómico–; transporte por carretera, por cable y ferrocarril; gestión de puertos de refugio y deportivos –salvo que se declaren de interés autonómico–; turismo; ferias y mercados insulares; defensa del consumidor; asistencia social y servicios sociales; conservación y administración del parque público de viviendas; funciones propias de la Agencia de Extensión Agraria– infraestructuras rurales de carácter insular y granjas experimentales–; campañas de saneamiento zoosanitario; servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente; acuicultura y cultivos marinos; artesanía; cultura, deportes, ocio y esparcimiento – que incluye el Patrimonio histórico-artístico insular, museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma–; caza; residencias de estudiantes en la isla; espectáculos; actividades clasificadas y políticas en igualdad de género.
Con la modificación propuesta, todas ellas quedarán blindadas mediante un sistema «basado en la lealtad institucional mutua y bidireccional», como reza en el informe remitido a los grupos parlamentarios, pues la idea es que la modificación legal se tramite como una propuesta conjunta del arco parlamentario y no como una iniciativa de la Fecai. Igual que sucedió con la vigente ley de cabildos, que aunque fue elaborada hace una década por el entonces consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, del último gabinete que presidió Paulino Rivero, el texto fue presentado en el Parlamento por todos los grupos.
La proposición de ley que los cabildos quieren que los grupos impulsen es un texto que «representa una apuesta decidida por modernizar el marco jurídico de los cabildos insulares, reconociendo su papel clave en el equilibrio institucional del Archipiélago»
Y es que la Fecai quiere dejar claro que la reforma se articula en torno a dos principios fundamentales: la adaptación del régimen jurídico insular al nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 y la lealtad institucional recíproca.
Dos almas
Los cabildos tienen dos almas. Tanto en el Estatuto de Autonomía de 2018 como en la Constitución se les reconoce su papel como «instituciones de la Comunidad Autónoma» y, al mismo tiempo, mantienen «su naturaleza de órgano de gobierno» de la entidad local llamada isla. Por tanto, tienen una «configuración institucional dual» y con esta modificación legislativa se pretende dar «una respuesta normativa coherente con la realidad jurídica y funcional que desempeñan en el sistema autonómico canario».
Y es que una de las innovaciones más significativas de esta reforma es el «reconocimiento práctico de la doble naturaleza de los cabildos a través de un sistema de control diferenciado y coherente».
En la práctica, cuando los cabildos ejercen competencias como entes locales, mantienen el régimen tradicional de control a través de funcionarios con habilitación nacional, pero cuando actúan como verdaderas instituciones autonómicas —ejerciendo competencias transferidas o delegadas—, el control se adapta a esta realidad aplicando la normativa autonómica correspondiente.
«Madurez» del sistema autonómico
La modificación «hacia la madurez institucional del sistema autonómico canario» se basará, a raíz de la reforma, en «no aplicar automáticamente esquemas pensados para ayuntamientos peninsulares a instituciones que gestionan competencias de rango autonómico.
Según el informe, los cabildos podrán ejercer de forma «plena» su papel como instituciones de la Comunidad Autónoma «con un marco de control coherente con la naturaleza y el alcance de sus responsabilidades, eliminando duplicidades y contradicciones normativas que generaban inseguridad jurídica y dificultades operativas».
Frente al «modelo tradicional de alejamiento entre administraciones», la reforma propone un «nuevo marco basado en la cooperación y el respeto institucional» con unos objetivos claros: «modernizar y adaptar el régimen jurídico de los cabildos» a la realidad institucional y normativa vigente, «reafirmar su autonomía y su papel representativo dentro del sistema autonómico» e impulsar «mecanismos efectivos de cooperación entre cabildos» para favorecer la cohesión territorial y funcional del Archipiélago.
Fuente: El Día (Salvador Lachica) / Foto: Andrés Gutiérrez
