La Asociación de Profesionales de la Formación Profesional para el Empleo en Canarias (EDUCAM) ha manifestado su profunda preocupación ante el riesgo real de que la actual convocatoria de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) vuelva a perderse. El colectivo recuerda que el pasado 24 de julio la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, anunció en sede parlamentaria que preveía resolver la delegación de competencias en 15 días y tener operativas las listas en tres meses. Sin embargo, un mes después, los profesionales siguen a la espera de avances concretos y advierten de que los anuncios sin hechos no disipan el temor a que la historia se repita. Cabe recordar que este cruce institucional se debe a la nueva Ley de Formación Profesional, que integra estas certificaciones en el sistema educativo oficial, por lo que el Servicio Canario de Empleo (SCE) necesita que la Consejería de Educación le delegue las competencias.
El fantasma de la convocatoria perdida
«Valoramos que se fijen fechas públicas, pero transcurrido un mes del anuncio seguimos en la misma situación de bloqueo. Muchos equipos no pudimos trabajar el año pasado por la convocatoria que se perdió, y llevamos todo este año en el desempleo ante la imposibilidad de ejecutar las contrataciones de esta edición», denuncian desde EDUCAM.
La asociación recuerda que, en la convocatoria anterior, de los 85 PFAE aprobados, más de 60 proyectos quedaron bloqueados porque los ayuntamientos no pudieron contratar al personal a tiempo por la falta de adaptación normativa. Esto se tradujo en la pérdida de millones de euros de financiación pública.
Esta situación sostenida de precariedad está provocando una grave sangría de talento en el archipiélago. Ante la falta continuada de ingresos, docentes y técnicos con años de especialización se están viendo obligados a buscar trabajo en otros sectores, perdiéndose un capital humano imprescindible para la Formación Profesional.
La clave: contratación municipal sin embudos
Para EDUCAM, el verdadero reto no reside únicamente en la publicación de las listas, sino en asegurar que los ayuntamientos dispongan del marco jurídico necesario para formalizar las contrataciones antes del 31 de diciembre, una cuestión que la Administración aún no ha conseguido resolver tras más de un año de incertidumbre.
A ello se suma el riesgo de un importante colapso administrativo en las entidades locales, que deberán gestionar simultáneamente estas contrataciones, las correspondientes a los programas de Garantía Juvenil y las derivadas de la próxima convocatoria de los PFAE.
Ante esta urgencia, la asociación lamenta que la Consejería siga sin convocar la Mesa Técnica conjunta (Educación, Empleo, FECAM y EDUCAM).
Desde la entidad insisten en que el problema de fondo no es la creación de las listas, sino la viabilidad legal de las contrataciones. Existe una enorme preocupación por saber cómo las corporaciones locales podrán hacer efectivas las contrataciones del personal para la ejecución de los PFAE durante los 11,5 meses que dura cada proyecto, teniendo en cuenta que estos puestos no están integrados en sus respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).
A este obstáculo se suma que, hasta el día de hoy, el colectivo sigue sin tener acceso al borrador de las bases, lo que genera dudas sobre cómo se integrarán particularidades clave como los perfiles profesionales, la territorialidad por islas o la estructura modular de los Grados C.
«El texto final debe cumplir escrupulosamente la legalidad para evitar impugnaciones; las correcciones a posteriori solo alargarían un proceso cuyos márgenes ya son peligrosamente estrechos. Canarias no puede permitirse dejar en el aire el futuro de miles de alumnos y alumnas ni destruir la trayectoria de sus profesionales. Pedimos hechos y que los ayuntamientos puedan ejecutar contrataciones reales antes del 31 de diciembre. Necesitamos certezas, no más convocatorias perdidas», concluyen.
