El área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que dirige el edil David Hernández, ha iniciado el expediente de contratación de la asistencia técnica necesaria para redactar la Ordenanza Provisional Municipal que regulará el uso turístico de las viviendas en el municipio, un paso obligado tras la entrada en vigor de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
La decisión responde a una realidad que el área de Ciudad Sostenible reconoce como acuciante. El municipio cuenta en la actualidad con cerca de 2.300 viviendas vacacionales implantadas, una cifra que evidencia el peso de este modelo de alojamiento en el tejido residencial de Puerto de la Cruz. De ese total, solo en torno a 320 viviendas han presentado la comunicación previa de inicio de Actividad Clasificada, el trámite administrativo que permite al Ayuntamiento controlar y verificar el ejercicio de la actividad turística.
Y de esas 320 comunicaciones, únicamente 63 cuentan con informe de uso favorable por parte del Cabildo de Tenerife, lo que deja al descubierto una brecha considerable entre el volumen real de viviendas turísticas que operan en el municipio y las que han completado el proceso de regularización administrativa exigido.
“Este desajuste entre la actividad real y su reconocimiento formal es uno de los factores que nos ha impulsado a acelerar la tramitación de la nueva ordenanza”, explica el también primer teniente alcalde, David Hernández.
La ordenanza incluye la elaboración del preceptivo estudio de capacidad de carga, un documento que deberá analizar el mercado de la vivienda en alquiler y venta, la capacidad ecológica del territorio, los efectos sociales de la actividad turística sobre la población residente y la capacidad de las infraestructuras y servicios públicos para absorber el incremento de demanda. La Ley 6/2025 exige, con carácter general, reservar al menos el 90 % de la edificabilidad residencial al uso exclusivamente residencial, y solo permite reducir ese porcentaje si el estudio de capacidad de carga justifica que la medida no compromete el derecho de acceso a la vivienda de la población, aspecto que se está estudiando.
El presupuesto estimado para los trabajos, que se ejecutarán a precio alzado, asciende a 14.950 euros, con un plazo máximo de ejecución será de tres meses desde la formalización del contrato. El proceso incluirá un informe de consulta pública previa, la redacción del borrador de la ordenanza, el documento para su aprobación inicial con el correspondiente informe jurídico, el análisis de las alegaciones presentadas durante la información pública y, finalmente, el documento para su aprobación definitiva.
Con esta ordenanza, Puerto de la Cruz busca dotarse de un marco normativo actualizado que permita ordenar el crecimiento del alquiler vacacional en el municipio, garantizar la cohesión social y proteger el acceso a la vivienda de los residentes, en un contexto en el que la proliferación de este tipo de alojamiento turístico se ha convertido en una de las principales preocupaciones urbanísticas y sociales de la localidad.
