Varios centenares de personas se han manifestado este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Teguise, así como en las capitales de provincia de todo el país, con excepción de aquellas como Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, que celebraron sus movilizaciones en la jornada anterior.
Las manifestaciones de Tenerife y La Palma contaron con una destacada participación de profesionales del sector veterinario, acompañados de familias con animales de compañía, que se unieron para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023, por considerar que “limita gravemente las competencias de los veterinarios y pone en riesgo la salud de los animales y, por lo tanto, la salud pública.
Al finalizar la manifestación en Santa Cruz de Tenerife, el vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios, Mario González-Coviella, leyó el siguiente manifiesto:
“Por la salud de los animales, la salud pública y el reconocimiento de la profesión veterinaria, hoy los facultativos veterinarios de toda España nos unimos una vez más para alzar la voz. Lo hacemos por quienes no pueden hablar: los animales, por las familias que los cuidan y los aman, por la salud pública que protegemos cada día y por la dignidad de una profesión esencial que está siendo injustamente atacada.
El sistema PRESVET ha impuesto a todos cuantos ejercemos la medicina veterinaria una normativa injusta, desproporcionada, burocrática y ajena a la realidad. Una normativa que pone en grave riesgo la salud pública, impidiendo la adecuada atención veterinaria de la salud animal, favoreciendo la aparición de resistencias y poniendo en peligro la continuidad de nuestra profesión.
En otros países europeos, los veterinarios pueden ejercer con libertad, ajustando tratamientos a cada paciente, suministrando los medicamentos necesarios y tomando decisiones basadas en la evidencia científica y el criterio clínico. Pero en España nos criminalizan y nos atan las manos:
- Nos obligan a seguir tratamientos basados en productos cuyas fichas técnicas están desactualizadas, aunque sepamos que hay mejores tratamientos.
- Nos impiden ajustar las dosis a las necesidades del animal.
- Nos limitan la prescripción de antibióticos, retrasan los tratamientos y obligan a los propietarios a recorrer farmacias, donde muchas veces no encuentran el medicamento necesario.
- Generan sobrantes de medicamentos que favorecen la automedicación y aumentan los riesgos para la salud animal y humana.
- Imponen cargas burocráticas inútiles como PRESVET, que no mejoran la lucha contra las resistencias antimicrobianas, sino que alejan a los veterinarios de sus pacientes.
- Castigan a los facultativos con sanciones desproporcionadas que pueden llegar hasta los 1,2 millones de euros por simples errores administrativos.
Esta situación está llevando a un abandono creciente de la profesión veterinaria. Muchos compañeros y compañeras están pensando en dejar su trabajo porque no pueden más.
Por eso exigimos la derogación inmediata del RD 666/2023 y del sistema PRESVET; poder suministrar los medicamentos en nuestras clínicas a los animales que están bajo nuestro cuidado hasta que se complete su tratamiento; flexibilidad real en la prescripción, basada en la evidencia científica y el criterio clínico y, sobre todo, que se escuche a los veterinarios, que se respete nuestra voz como profesionales sanitarios, responsables de la salud animal, la salud pública y el bienestar animal y de la sociedad.
Hoy, más que nunca, pedimos el apoyo de la ciudadanía porque esta lucha también es vuestra, porque la salud de los animales está en juego, porque un veterinario sin libertad no puede proteger y cuidar a su paciente, porque la salud de todos empieza por la salud de los animales.
Veterinarios, familias y ciudadanos nos hemos reunido hoy para defender la salud animal, la salud pública y el futuro de nuestra profesión. No podemos quedarnos callados. Juntos, podemos cambiar esta situación”.
“La ley nos ata las manos”
La presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández Miguel, subrayó que la normativa “nos impide ejercer nuestra labor con rigor científico, afecta a nuestra profesión, a los animales que tratamos y, por supuesto, a las familias que conviven con ellos”.
Fernández Miguel explicó que el decreto impone severas restricciones a la prescripción de medicamentos, incluso cuando hay evidencia científica de su eficacia. Un ejemplo claro es el de la filariosis canina, enfermedad prevalente en Canarias, cuyo tratamiento requiere el uso del antibiótico doxiciclina, aunque esté no está autorizado oficialmente para este fin.
“La ficha técnica de la doxiciclina no contempla su uso contra la filaria, lo que nos impide administrarla, a pesar de que la ciencia nos dice que es esencial”, afirmó.
Rigidez normativa y consecuencias prácticas
La presidenta del colegio denunció también la rigidez del protocolo de prescripción de antibióticos adoptado como obligatorio en España, a diferencia de otros países donde solo se recomienda. Esto afecta, por ejemplo, a los programas de control de colonias felinas, donde ya no es viable usar antibióticos de liberación prolongada sin cultivos previos:
“¿Cómo vamos a hacer un cultivo a un gato callejero que capturamos una vez para esterilizar y soltar? ¿Cómo vamos a evitar que la herida se infecte en la calle?”, cuestionó.
También señaló obstáculos absurdos para tratamientos comunes, como la imposibilidad de usar colirios humanos fácilmente disponibles o la obligación de importar medicamentos veterinarios desde otros países europeos cuando existen equivalentes humanos en farmacias locales.
Problemas de abastecimiento
Los veterinarios denunciaron además el desabastecimiento frecuente en farmacias, que dificulta la obtención de los tratamientos prescritos. Mientras en Europa los veterinarios pueden dispensar directamente en la clínica, en España no es posible.
PRESVET y el riesgo legal: “Nos obligan a elegir entre el bienestar animal y nuestra seguridad jurídica”
Desde el 1 de enero, todos los tratamientos antibióticos deben ser notificados a través del sistema PRESVET, lo que supone una carga administrativa que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros.
“Cada tratamiento puede convertirse en una multa. No sabemos si actuar según la ciencia o no tratar a los animales para no arriesgarnos”, explicó Fernández Miguel.
Llamamiento final a la ciudadanía: “Nuestros animales también merecen ciencia”
El Colegio de Veterinarios de Canarias hace un llamado a toda la sociedad para que apoye estas reivendicaciones, ya que las consecuencias del Real Decreto afectan no solo a los profesionales, sino también al bienestar de los animales de compañía y, en última instancia, a la salud pública.
“Hemos intentado por todos los medios dialogar con el Ministerio desde enero. No nos escuchan. Ahora necesitamos que la sociedad nos acompañe para que nuestras voces lleguen al Ministerio”, concluyó la presidenta del colegio.
