Han recibido la ayuda casi 42.000 personas, dos de cada tres, mujeres. La consejera de Bienestar Social defendió ayer en el Parlamento el complemento de 400 euros y reiteró la necesidad de que el Estado modifique la Ley de la Seguridad Social
Las personas que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) en Canarias recibieron hoy miércoles en sus cuentas una nueva nómina, la del complemento de 200 euros que aporta el Gobierno de Canarias. Este es el primer pago de un complemento aprobado en la Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias, que contempla un segundo ingreso en el mes de noviembre, y que trata de ayudar a las rentas más bajas de unas 42.000 familias del Archipiélago.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió ayer en el Parlamento de Canarias los avances impulsados por el Ejecutivo autonómico para garantizar un complemento anual de 400 euros a las personas perceptoras de pensiones no contributivas en las Islas.
Durante su intervención parlamentaria, la consejera subrayó que “en Canarias hay personas que viven con una pensión no contributiva y que, sencillamente, no llegan a fin de mes”, motivo por el que el Gobierno autonómico decidió actuar con una medida “real, dotada y diseñada para llegar a quienes tienen las rentas más bajas en Canarias”.
La medida beneficiará a 41.734 personas perceptoras de pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, según los datos del Imserso, y tendrá además un importante impacto en términos de igualdad, ya que cerca de dos de cada tres beneficiarias son mujeres.
Asimismo, explicó que el Gobierno de Canarias ha trabajado durante los últimos dos años para garantizar la compatibilidad jurídica de este complemento autonómico con las pensiones no contributivas estatales, evitando que esta ayuda pueda computar como renta y poner en riesgo la prestación principal.
Para ello, Canarias impulsó en el Congreso de los Diputados el reconocimiento de esta compatibilidad, y trasladó una propuesta concreta al Estado para modificar la Ley General de la Seguridad Social para que estos complementos queden excluidos del cómputo de rentas. Esa propuesta fue aprobada en la cámara y obliga al Estado a esa modificación que permitiría ofrecer “seguridad, estabilidad y certezas” a las personas beneficiarias.
“Canarias no puede aceptar que una ayuda pensada para personas vulnerables dependa cada año de una interpretación o de una amenaza de recurso ante el Tribunal Constitucional”, afirmó.
Finalmente, reiteró el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir reclamando al Estado la modificación legal necesaria para garantizar que este apoyo económico sea “seguro, compatible y estable”, porque “no hablamos de privilegios, sino de justicia social para quienes tienen menos margen para afrontar el coste de la vida en Canarias”.
