Artículo de opinión de Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO
Con el paso del tiempo hemos aprendido en una experiencia repetida, una lección que se produce casi matemáticamente en el devenir de la vida pública, a saber, la mayoría de los políticos son unos grandes pinochos, con la puesta en escena de campañas electorales, promesas grandilocuentes, compromisos solemnes y demás dislates cada cual más esperpéntico que pasado el tiempo no se cumplen, eso sí, después con una cascada interminable de disculpas. Las excusas es un recurso habitual de muchos dirigentes para justificar el incumplimiento de aquello que aseguraron que harían. No se trata de casos aislados, sino de una práctica que erosiona la confianza pública y debilita la credibilidad institucional.
Una de las más frecuentes es la herencia recibida. Los argumentos utilizados son un estribillo sencillo y torpe, “no sabíamos lo mal que estaban las cuentas”, “nos encontramos un desastre”, “la situación era peor de lo previsto” y así se inventan medias mentiras, que es peor que la mentira entera para desviar la atención y proteger su imagen ante la falta de una gestión funcional eficiente. Este recurso permite trasladar la responsabilidad al gobierno anterior y ganar tiempo. Sin embargo, la pregunta que surge es que si quienes aspiraban a gobernar no habían analizado previamente la realidad que pretendían gestionar. Prometer sin conocer el punto de partida revela, como mínimo, improvisación y si se conocía, entonces la promesa fue irresponsable desde el principio, porque a la política se entra llorado.
Después está la burocracia. Hay que decir que más que un pretexto es una realidad tangible. Se sabe de antemano que es un problema y lo que debería suceder y no pasa, es que se tenga la valentía de afrontarlo con ganas de solucionarlo y no quedarse en la justificación permisiva. Se afirma que los procedimientos son lentos, que los informes se retrasan, que la maquinaria administrativa es compleja. Es cierto que la gestión pública requiere seguridad jurídica, pero si la burocracia era un problema básico, debía haberse explicado antes, no utilizarse después como salvavidas político. No se soluciona porque no se quiere, ni puede, ya que el corporativismo y el empoderamiento de la Función Pública supera el poder de decisión de los responsables políticos. ¿Quiénes son los que de verdad mandan, los elegidos en unas elecciones democráticas o los que entran en la Administración Pública por una oposición, a dedo o interinamente?
También se recurre con demasiada frecuencia a factores externos, como crisis internacionales, pandemias, guerras, inflación, decisiones de otros niveles de gobierno. El mundo es incierto, sin duda y los acontecimientos globales también influyen en la política nacional y local. Pero la gestión pública implica precisamente anticipar riesgos y diseñar planes de contingencia. No todo puede justificarse apelando a lo imprevisible. Cuando la excepción se convierte en norma, la excusa pierde fuerza y no se ejecuta nada.
Existe además la disculpa presupuestaria, con el latiguillo de que no hay recursos suficientes. Sin embargo, el presupuesto es la expresión concreta de las prioridades políticas. Si algo no se emprende, muchas veces no es por imposibilidad adquirida, sino por decisión de asignar fondos a otros ámbitos. La política consiste en elegir, discriminando lo prioritario, abandonando lo superfluo y elegir implica asumir el coste de esas decisiones, no esconderse tras una supuesta falta de financiación. Otra estrategia frecuente es la dilación temporal. Se asegura que el proyecto sigue en marcha, que está en fase de estudio, que pronto verá la luz. Pasan los meses, los años e incluso décadas y la promesa se transforma en anuncio permanente. En Tenerife las colas y atascos viarios son un ejemplo.
